La empresa pública de bomberos privatiza la gestión del pago de sus nóminas

La Generalitat tiene desde diciembre de 2018 una empresa pública, SGISE, encargada de la extinción de incendios y con la que el Consell puso fin a un conflicto laboral con casi un millar de brigadistas. Para ello, constituyó la Sociedad de Gestión Integral de Servicios de Emergencias, una mercantil que acabó subrogándose a toda la plantilla que hasta ese momento trabajaba en la extinción de incendios a través de la empresa pública Tragsa. El nacimiento de la empresa pública estuvo rodeado de polémica por las tensiones entre los socios, PSPV y Compromís, por la disparidad de criterios a la hora de entender la absorción de una plantilla completa y pasar a formar parte de la Administración.

Sin embargo, lo que en su día se creó para poner fin a un conflicto laboral no sólo no lo ha solucionado, sino que sigue manteniendo las tensiones por las que se creó. En el informe de auditoría de la mercantil de las cuentas de sus primeros años se refleja la fotografía precisa del funcionamiento de la empresa. Y es que, básicamente, su actividad económica se limita a pagar las nóminas de la plantilla que acogió con su constitución. Pero, la plataforma de contratación ha desvelado ahora que hasta para hacer frente a la gestión de las nóminas de la plantilla, la empresa pública ha acudido a una empresa externa. Para ello, ha licitado un servicio de asistencia laboral y soporte técnico para la gestión de nóminas y seguros sociales por un importe de hasta 198.504 euros. El plazo finaliza el próximo 30 de junio y supone una externalización de este servicio, hasta ahora prestado por la mercantil. Una firma, SGISE, que cuenta con tres directivos del sector público, para gestionar las emergencias y que depende directamente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que cuelga de la Conselleria de Justicia e Interior.

La privatización del servicio de nóminas no es la única que se produce, ya que desde su misma constitución, SGISE ha seguido echando mano de las encomiendas a Tragsa para poder sacar adelante el servicio de extinción de incendios. De hecho, el pasado ejercicio, la firma pública del Consell siguió haciendo encargos a la empresa dependiente del SEPI, lo que supone que, de facto, las labores de la mercantil de Consell se siguen prestando fuera.

Es decir, a pesar de haber constituido la empresa pública, Tragsa sigue siendo parte fundamental en la extinción de incendios, ya que la Generalitat sólo cuenta con los recursos personales: los bomberos forestales. Antes de crear la mercantil de emergencias, la Generalitat acudía a la empresa estatal (medio propio) y hacía encomiendas por importe de 32 millones de euros en el último ejercicio. Tragsa disponía de los medios materiales, la infraestructura logística y el mantenimiento, además, de la plantilla que se acabó subrogando. Sin embargo, con la constitución de SGISE, con un presupuesto de 42 millones de euros, la prestación del servicio ha acabado costando casi diez millones de euros más.