Los empresarios del caso Azud se niegan a declarar ante la UCO

Además, una veintena de testigos, entre ellos trabajadores de las mercantiles, también comparecerán en las próximas horas. Se trata de diligencias policiales que deberán ser ratificadas posteriormente en sede judicial y en presencia del letrado de las partes.

A la comandancia acudió durante la mañana de este jueves Javier Luján, el responsable en su día de Construcciones Luján. El empresario, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, se encuentra también investigado en la macrocausa de Imelsa y lo ha estado, además, en los sobrecostes en los colegios y en las obras de la F-1. Su papel sirve de conexión en todos estos asuntos. Luján se acogió a su derecho a no declarar, algo lógico porque estando la causa bajo secreto la postura óptima suele ser guardar silencio.

Fuentes del entorno del empresario señalaron ayer que Luján no tiene ninguna condena de naturaleza penal. Además, respecto a la existencia de diferentes investigaciones, quisieron aclarar que algunas están ya archivadas y respecto al resto, las que siguen su curso, «no existe todavía escrito alguno de acusación dirigido contra su persona». Luján, por otra parte, sigue colaborando con las autoridades y quiere reiterar su silencio por respeto al secreto de sumario que impera sobre tales actuaciones.

Otro de los empresarios citados en la mañana del miércoles fue José María Marugán, el exresponsable de la empresa Aguas del Júcar, la sociedad pública que adjudicó la obra del trasvase ahora cuestionada. El imputado siguió la misma estrategia que el otro investigado, según informó À Punt.

La operación policial ha contado con el apoyo de la Europol. La entidad dispone de unos aparatos más sofisticados para el clonado de la información de discos duros, lo que facilita el trabajo de los agentes de la UCO. Pese a ser una unidad de elite no siempre cuentan con los medios más avanzados.

El caso Azud se limita en la parte que se ha dado a conocer al supuesto cobro de comisiones millonarias a cambio de favores urbanísticos y salpica a excargos de PP y PSPV. Pero existen cinco piezas separadas. Al menos una de ellas, donde se enmarcan los registros de los últimos días, se dirige directamente a profundizar sobre las sospechas de una presunta financiación ilegal del partido socialista en la Comunitat. Esto se habría articulado a través de un supuesto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de mordidas.

En esa labor de supuesta intermediación sobresale el papel de Pepe Cataluña, histórico de las finanzas del PSPV. De hecho, los registros se producen a partir de la documentación decomisada en su domicilio. Unos papeles que pidió a la jueza que fueran destruidos.