Los empresarios de Madrid cargan contra Ximo Puig

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) tachó ayer de «fracaso» la gestión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y calificó de «lamentable» que pida que se aplique un impuesto «más» a los madrileños.

La patronal defendió la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y lamentó «la inaceptable intromisión del presidente Puig en los asuntos propios de los madrileños, sugiriéndole que emplee su tiempo y recursos en mejorar la gestión de su comunidad y le animamos a que deje a un lado sus prejuicios ideológicos y pruebe a reducir la presión fiscal a la que tiene sometida a familias y empresas de su región», señaló la entidad en un comunicado.

En la misiva, ponían en el foco que Madrid aporta un «68% del total del Fondo de Solidaridad Interregional», mientras que la Comunitat Valenciana es «beneficiaria del mismo».

Creen que pedir que se «castigue» a otros ciudadanos es una forma de intentar «ocultar el enorme fracaso» de la gestión de sus propias competencias y criticaron la «frivolidad» de sugerir que Madrid está llevando a cabo un «procés» cuando tienen «clara la idea de España como nación unida, libre, fuerte, diversa y solidaria». Por último, la patronal madrileña recalcó que los «ataques permanentes a los madrileños» no van a «perjudicar» la relación entre esta autonomía y Valencia, con la que tienen «fuertes lazos» como, por ejemplo, el papel del puerto de esta localidad para la economía de la capital o el apoyo de CEIM al Corredor Mediterráneo. La entidad también se sumó a la defensa del modelo fiscal de Madrid al reiterar su apuesta por la reducción de cargas a empresas y ciudadanos. «El mantener los recursos en manos de los agentes económicos, impulsa la actividad y reduce la economía sumergida, generando más empleo y, en último término, mayor recaudación de ingresos públicos», señaló.

Hace una semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibía el documento de la Comunidad de Madrid sobre la reforma fiscal, donde el gobierno regional le recriminaba su pretendida armonización fiscal entre comunidades y volvía a defender su modelo.