Los nueve empresarios del caso Gürtel que se libran de la cárcel

Haber colaborado con la justicia para esclarecer la presunta financiación irregular del PP valenciano ha llevado a los nueve empresarios investigados en la trama Gürtel a sustituir las propuestas de penas iniciales de prisión por 18 meses de reclusión que terminarán en forma de multas que en total suman unos dos millones de euros. Los responsables de las firmas decidieron confesar haber financiado de forma irregular el partido y así abrieron camino para que dirigentes como Ricardo Costa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez también decidiesen colaborar para rebajar sus penas, aunque en este caso no se libran de que se les reclame la cárcel.

Los nueve empresarios, acusados de delito electoral y falsedad en documento mercantil ahora se les reclama un año y medio de prisión, una situación que les llevar a evitar la cárcel por colaborar.

Vicente Cotino es el sobrino de político y exconseller valenciano Juan Cotino, acusado en la causa del alquiler de pantallas en la visita del Papa. Expresidente de la empresa Sedesa, dedicada a la construcción de vivienda, obra pública y gestión de residencias de ancianos durante 20 años. Cotino ya tiene una condena previa por fraude y falsedad documental por defraudar a Hacienda en una causa que también afecta al expresidente José Luis Olivas.

Enrique Ortiz, el empresario alicantino dedicado a la promoción inmobiliaria y la construcción, fue el primero en confesar haber donado 350.000 euros al PP valenciano junto a José Francisco Beviá. Ortiz está implicado también en el caso Brugal.

Martínez Berna fue, desde 2009 a 2011, el máximo representante de la patronal alicantina Coepa, en la actualidad quebrada y en vías de extinción. Fue copropietario de una firma especializada en obra pública, tuvo que dejar su cargo después de que la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia (CNMC) le multara por pactar precios del sector junto a 46 empresas.

Enrique Gimeno Escrig, presidente del grupo Gimeno (entre las que se incluye la firma Facsa), dirige un grupo especializado en la obra pública de la provincia.

Alejandro Pons Dols es el máximo representante de Piaf, una sociedad que estaba en el punto de mira por recibir adjudicaciones de la Diputación de Castellón bajo el mandato de Carlos Fabra. Pons admitió haber pagado 31.000 euros al PP antes de las elecciones de autonómicas y locales de 2007 y las generales de 2008.

Antonio Pons Dols, exgerente y exconsejero delegado de la empresa Piaf. Inicialmente negó las acusaciones, pero cambió su declaración tras hacerlo su hermano.

José Francisco Beviá, persona de confianza del empresario alicantino Enrique Ortiz para sus negocios en Valencia. Se considera probado que la firma del empresario alicantino abonó más de 348.000 euros.

Gabriel Alberto Batalla Reigada, empresario castellonense, director general del Grupo Lubasa y sucesor del empresario Luis Batalla. Se estima en el sumario que la firma entregó al PP cerca de 110.000 euros. La actividad del grupo va desde la producción cerámica hasta la gestión de parkings.

Tomás Martínez Berna, consejero del Grupo Vallalba y hermano de Rafael Martínez Berna. A ambos se les considera responsables de que la empresa abonase al partido popular casi 200.000 euros.