Otro de los empresarios investigados por financiar al PSPV se suma a la tesis de la prescripción de la Audiencia

El empresario, dueño de las mercantiles Facsa y Sitra, se suma de esta forma a la tesis de la Audiencia sin que «esto suponga un reconocimiento de hechos de ningún tipo». La Sala dio carpetazo hace unos meses a la investigación a otro empresario investigado por hechos similares, Javier Luján. Los magistrados entendieron, sin entrar en el fondo del asunto, que los delitos estaban prescritos. Así, en un auto señaló que tanto el cohecho propio de particular como el de prevaricación, los ilícitos que se examinan en este caso, tienen asignado un plazo de prescripción de diez años.

El abono de las últimas facturas a Cronosport, la empresa que elaboraba el material promocional de los socialistas, se efectuaron en mayo de 2007 y en julio de 2008. Estos pagos, según el relato de la UCO, se hacían presuntamente con el fin de resultar adjudicatarias de contratos públicos. En el supuesto de las empresas castellonenses se hizo a cambio de participar en la construcción de la desaladora de Moncofar.

La defensa del empresario sostiene que los hechos dejaron de tener relevancia penal en julio de 2018. Sin embargo, el procedimiento judicial no se siguió contra el ahora investigado hasta agosto de 2022, es decir, cuatro años después de la fecha límite.

La explicación del abogado presenta escasas fisuras. Si el titular del juzgado de Instrucción 13 rechaza la solicitud de sobreseimiento, la Audiencia de Valencia será la encargada de dar carpetazo. Parece complicado una decisión en el sentido contrario cuando se trata de hechos idénticos y la Sala ya ha efectuado un cómputo de las fechas de prescripción.

El sumario salpicó a numerosas firmas valencianas. Constructoras y empresas vinculadas a la actividad comunicativa (imprentas, publicidad, serigrafías) son las más variadas y numerosas, pero no las únicas incluidas en el dossier incriminatorio de la UCO. Al menos 95 firmas empresariales aparecen en el informe, ya sea en el relato de los investigadores, relacionadas directa o indirectamente, o en las facturas que se adjuntan para sostener la investigación de la presunta financiación irregular de los socialistas valencianos.

El periodo bajo sospecha en las cuentas del PSPV son los comicios de 2006 y 2007, etapa que coincide a su vez con la financiación ilegal del PP que ya han condenado los tribunales en al menos dos sentencias. El mismo método en diferentes partidos. En este caso, las sospechas parten de la documentación encontrada en el registro de los inmuebles de Pepe Cataluña, el auténtico cerebro de las finanzas del PSPV. El caso Azud ha salpicado a los dos grandes partidos. Si estas pesquisas terminan por cerrarse, el único dirigente del PSPV que se mantendría en el caso sería Rafa Rubio, investigado por el cobro de mordidas en su etapa en el Ayuntamiento.