Las empresas de la Generalitat, sin control en los pagos a proveedores

El informe, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, ha consistido en la revisión del área de tesorería de las entidades, y en concreto en los procesos de pago de las obligaciones económicas adquiridas con terceros, con el objeto de analizar que los controles existentes sobre las salidas de fondos de las cuentas bancarias de su titularidad evitan o reducen determinados riesgos de fraude o error.

De un total de 48 entidades analizadas, se han observado riesgos significativos en una quincena y solo en cuatro sedes el nivel de riesgo advertido en todas las áreas analizadas se ha calificado como bajo.

¿Y el resto? En las otras 29 entidades auditadas se han encontrado distintos niveles de riesgo. Y el más destacado siempre es el que tiene que ver con los controles de pago. «Cabe destacar que en 22 entidades se ha observado un nivel de riesgo alto en el área referida a los controles de pago, advirtiéndose deficiencias en la emisión y firma de las órdenes de pago por el órgano competente, en el documento de domiciliación bancaria o alta de terceros aportada por el destinatario del pago y/o en la identificación de la cuenta bancaria donde se ha efectuado el pago al que corresponda el cargo auditado», señala el informe.

No se trata de errores o deficiencias menores, porque se refiere a controles de pago referidos al manejo de fondos públicos. Y esa falta de vigilancia afecta a empresas del sector público de la Generalitat, no a empresas privadas que son responsabilidad de un consejo de administración o de un accionista privado.

El informe elaborado por la Intervención detalla que las principales incidencias se refieren a la «ausencia de procedimientos formalmente aprobados de verificación de los datos de los terceros con los que se relaciona económicamente y sus cuentas bancarias, así como la ausencia de identificación electrónica segura del tercero y de la cuenta bancaria destinataria del pago».

Por detrás de los controles de pago deficientes o inexistentes, la siguiente área de riesgo es la que corresponde a los cargos tramitados «sin ajustarse al procedimiento legal establecido», en el que habrían incurrido un total de 11 empresas del sector público de la Generalitat. El escenario que dibuja el informe de la Intervención de la Generalitat completa el que esta misma entidad y otros informes elaborados por empresas auditoras externas han completado sobre el sector público de la Generalitat correspondiente al año pasado, el último ejercicio de gestión íntegra del Botánico, y que hacen evidente un volumen de deficiencias, errores o irregularidades que afecta a la contratación de la mayoría de entidades públicas.

De las 48 entidades auditadas, hasta 43 recibían la llamada de atención de los auditores, sea por irregularidades, deficiencias o algún tipo de error. El porcentaje alcanza el 90%. La información al detalle señala que de esas 43 entidades en las que se detectan deficiencias, en 27 casos se producían opiniones de auditoría con salvedades, en otras siete había opiniones con observaciones, y en otras ocho dictámenes desfavorables por los incumplimientos en la contratación.

En Les Corts, el presidente Carlos Mazón ya ha advertido que estos datos son sólo la punta del iceberg de la situación en la que se ha encontrado el sector público. La reorganización y la supresión de empresas ha sido uno de los principales retos del nuevo Consell.