Las empresas públicas se dejan sin gastar 132 millones en el año de la pandemia

Atendiendo al listado de empresas públicas que deben devolver sus remanentes, casi la mitad de los 132 millones los tendrán que reintegran tres empresas clave para los sectores productivos. Así, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) se ha dejado sin gastar 31,5 millones de euros sobre un presupuesto de 150 millones para 2020. Una quinta parte sin disponer. La empresa pública Turisme Comunitat Valenciana, clave para el desarrollo de un sector especialmente afectado por la pandemia, tendrá que devolver 20,5 millones de euros que no gastó el pasado año. Más llamativo es el caso de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), uno de los proyectos estrella del Botánico. La entidad, dependiente de la Conselleria de Innovación, deberá reintegrar 14 de los 50 millones con que contaba de presupuesto para el pasado ejercicio. Una cuarta parte de sus fondos se han quedado sin gastar.

Junto con Ivace, el organismo que más dinero se deja sin gastar es la Agencia de Fomento y Garantía Agraria, que deberá devolver más de 31,5 millones de euros.

Los abonos se producirán después de que ayer el Consell aprobara el reintegro a la Generalitat de 132,2 millones de euros que deben efectuar las entidades del sector público valenciano por transferencias corrientes y de capital no aplicadas a su finalidad en el ejercicio 2020. Y es que según el decreto 204/1990, de 26 de diciembre del Consell, las transferencias corrientes y de capital concedidas a entres públicos o de naturaleza mercantil que integran el sector público valenciano y que no se hayan aplicado a sus finalidades al cierre del ejercicio, serán reintegradas al Presupuesto de la Generalitat.

La medida fue una de las sorpresas incluidas por el Consell en la conocida como Ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012. En dicho texto, el Ejecutivo autonómico, entonces presidido por Alberto Fabra, deslizó una disposición en la que el dinero acumulado durante este ejercicio y los anteriores en las cuentas de las instituciones del dependientes de la Generalitat podía pasar a las arcas autonómicas. Algo así como dejar sin ahorros a los organismos que se financian sólo con dinero de las cuentas públicas.

En este caso, la compensación de reintegros asciende a 132.210.559 euros: 42,9 millones procedentes de organismos autónomos, 2,8 millones de entidades públicas empresariales, 83,7 millones de entidades de derecho público, 2,2 millones de sociedades mercantiles y 618.758 euros de fundaciones públicas.

El artículo 3 del Decreto 204/1990 establece que la situación que dé lugar al reintegro se determinará en un informe de auditoría anual que se practique a cada entidad y los importes a reintegrar podrán ser compensados con las entregas del ejercicio siguiente.

El Consell actualizó en el último pleno la operatoria de cálculo del reintegro de transferencias a través de un sistema que resulta más claro y sencillo, y evita que cálculos excesivamente complejos puedan conducir a situaciones poco operativas. El objetivo es optimizar los recursos públicos y evitar que se produzcan acumulaciones de saldos financieros en unas entidades públicas, mientras que se generan tensiones de liquidez en otras. En cualquier caso, tanto los recursos objeto de reintegro como los que no lo son, permanecen al ámbito de la Generalitat, no produciendo ningún menoscabo para la hacienda pública. Por tanto, el fin último es adecuar el sistema para una mayor operatividad.