A. RALLO
Domingo, 22 de enero 2023, 00:31
El PP sufrirá su particular cuesta de enero a partir del próximo día 23. Los fantasmas de los populares, la sospecha de una corrupción atroz en la etapa de Francisco Camps y de Alfonso Rus, llaman de nuevo a la puerta. No es ... un plato de buen gusto y, además, amenaza con convertirse en indigesto. Esa jornada, ya es casualidad, comienzan dos procedimientos que marcarán la actualidad de los próximos meses y que, en cierta medida, condicionan el discurso de los populares en ese horizonte de enorme tensión con las elecciones locales y probablemente autonómicas.
Publicidad
El PP ha vivido un mes de diciembre plácido. Y no sólo por las atípicas y agradables temperaturas de la Navidad. El sumario del caso Azud, o mejor dicho la pieza 7 de la macrocausa, les ha traído una auténtica bomba para demoler el discurso de los socialistas. Los populares no recibían una buena noticia judicial, al menos del poder de esta, desde hacía décadas. La evidente financiación ilegal de los socialistas en los comicios de 2007 y 2008 les ha permitido surfear una de las mejores olas. Pero ahora, ya en la orilla, observan con cierto temor cómo el foco se situará en apenas una semana en dos de sus principales exdirigentes: Camps y Rus.
El expresidente de la Generalitat regresa con el peor compañero de viaje, la trama Gürtel. Y esta vez hay circunstancias especiales respecto al primer juicio, el famoso caso de los trajes del que resultó absuelto. Entonces encontró la complicidad de los cabecillas de la red delictiva, que defendieron su inocencia. Ahora todo ha cambiado. Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, han confesado que se les concedían adjudicaciones de diferentes consellerias en un intento de los responsables por congraciarse con el presidente.
La clave será determinar en qué medida se trasladaron órdenes o indicaciones desde Presidencia para contratar con Gürtel. Camps se enfrenta a dos años y medio de cárcel tras salir absuelto de una ristra de supuestos casos de corrupción que, en realidad, quedaron en nada. Léase la Fórmula 1, la visita del Papa, Valmor y Nóos, entre otros.
Publicidad
También confluyen otros factores negativos para el expresidente. Parte de los acusados de su Gobierno han pactado con Anticorrupción, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS. El más reciente ha sido Enrique Navarro, el que fuera jefe de gabinete de la consellera Alicia de Miguel. Confesó que actuó de manera irregular para cumplir las órdenes de De Miguel en un intento de ganarse la atención del presidente Camps.
Entre los que han confesado, figura también Vicente Farnós quien se vio salpicado por las diligencias del caso Gürtel por su etapa de director de Castelló Cultural. De igual modo, Carmen Quintero, quien fuera la responsable de la Fundación La Luz de las Imágenes, evitará la cárcel tras pagar 30.000 euros y admitir su culpabilidad. Y, por último, Silvia Caballer, que fue directora general del Libro, también ha llegado a una conformidad con la Fiscalía.
Publicidad
La causa acumula cierto retraso. Una vez completada la instrucción, ya listo todo para el juicio, se reabrió el sumario para incluir a Camps tras las revelaciones de Ricardo Costa, exsecretario general del PP, en el juicio por la caja B del partido en la Comunitat. Costa fue condenado a una pena de cuatro años de prisión tras rebajarse el castigo por esta colaboración. Finalmente no ha llegado a entrar en prisión por estos hechos. Dos de los procesados en esta causa, la última derivada de Gürtel con acento valenciano, han fallecido durante la tramitación del procedimiento judicial.
El expresidente confía en salir absuelto de este juicio, tal y como ha ocurrido en los anteriores procedimientos. Camps mantiene cierta actividad social a través del Foro 2020, una plataforma que busca, entre otros objetivos, impulsar su figura para ocupar alguna responsabilidad pública en el PP de Mazón si este llega al Palau. En su día anunció que no se sentaría finalmente en el banquillo, pero era más un deseo que una pretensión con base. La Audiencia acaba de denegar su petición de suspensión, que se sustentaba en que no tenía acceso a la totalidad de la causa.
Publicidad
El asunto de Alfonso Rus, este en la Audiencia de Valencia, rivalizará en repercusión con el de Camps. Se trata de la investigación por los denominados zombies en Imelsa y Ciegsa, personas colocadas en empresas públicas con un sueldo, pero sin ninguna función. Aparte de Rus, se sienta en el banquillo uno de los lugartenientes en esta causa, el exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla.
En este sumario, Rus padece un fenómeno similar al que afecta a Camps. Buena parte de los procesados en esta pieza se han conformado o están cerca de hacerlo. Es decir, pueden aceptar una rebaja de la condena a cambio de devolver el dinero público que cobraron de Imelsa. En esta situación se encuentran cerca de de una decena de acusados que ya han consignado el dinero en la cuenta del juzgado para demostrar su compromiso en la reparación del daño. De esta forma, se han recuperado algo más de 200.000 euros. Entre los 'contribuyentes' destaca la figura del empresario José Adolfo Vedri que tenía a dos empleados que trabajaban para él, pero cobraban de la empresa pública. Una situación inédita en asuntos de esta naturaleza.
Publicidad
Ahora se tratará de determinar el papel que tuvo Rus en esas contrataciones. Benavent declaró que la mayoría de esas incorporaciones venían impuestas por el presidente de la Diputación. El exalcalde de Xàtiva se enfrenta a 12 años de cárcel. Una petición de pena que de materializarse finalmente arruinaría por completo su vida. Rus, que está jubilado, tiene ya 72 años de edad. Desde que fue detenido, hace ya siete años, mantiene un perfil bajo. Ni declaraciones ni entrevistas ni actos sociales.
El expresidente de la Diputación pretende dar un golpe de efecto en el inicio del juicio. Ha encargado un informe a un experto informático que sostiene que los dos pendrives que contienen los audios que dan inicio a la investigación, el del suegro de Marcos Benavent y el de la actual consellera Rosa Pérez Garijo, no tienen su origen en el ordenador de Mariano López, el familiar de Benavent. Habrá que esperar para ver la relevancia final de este particular en el desarrollo de la vista. Las defensas tratan por todos los medios de obtener nulidades en este procedimiento.
Noticia Patrocinada
El gerente de Imelsa grabó durante años conversaciones comprometidas con dirigentes del PP acerca de supuestos cobros de comisiones para el partido a cambio de adjudicaciones amañadas. Benavent guardó esos audios en el ordenador de su suegro, Mariano López, como una forma de protegerse ante un futuro complicado en caso de que se destapara el papel de recaudador que ejercía para el PP. Aquellos días complicados, quizá más de lo que intuyó, ya han llegado. El primero, el 23.
Empieza febrero de la mejor forma y suscríbete por menos de 5€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Te puede interesar
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.