Enguera contrató a la firma del call center de Rus sin pedir otros presupuestos

La causa en la que se investiga el amaño del call center es la pieza en la que más esperanzas existen de obtener una condena para los responsables, entre ellos, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus. El fraude supuestamente se perpetró para beneficiar a la empresa Servimun, la encargada de gestionar -lo hizo de manera claramente deficitaria– el servicio de atención telefónica de la Diputación de Valencia.

Pero paulatinamente al comprobar el fiscal Anticorrupción el papel capital de la firma en la que el suegro de Benavent, Mariano López, admitió que era comercial, amplió las pesquisas a otros contratos con los que se benefició a esta mercantil. El radio de influencia de López, expresidente de los empresarios de La Costera, era amplio.

Ahora, el municipio de Enguera ha contestado al juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que se hace cargo de las diligencias. El encargo era elaborar un informe sobre el impuesto que debía pagar una empresa por la ampliación de sus instalaciones, dedicadas a la fabricación de masas congeladas de bollería.

El importe se ajustó al límite máximo del contrato menor, los 18.000 euros más IVA. Pero tal y como consta en el expediente ahora remitido al órgano judicial no se contó con las ofertas de otras dos empresas que hubieran permitido ajustar el importe del servicio al precio real del mercado. Por este motivo, el arquitecto municipal debió elaborar un informe acerca de si el presupuesto estaba en los márgenes del mercado. Resulta significativo el dictamen del arquitecto que manifiesta que no es posible dictaminar si el presupuesto que ofrece Servimun se encuentra dentro de los parámetros del mercado porque carece de otras ofertas para comparar. Llama la atención acerca del elevado importe de cada hora de trabajo. No es esta la única factura que está bajo sospecha en el mismo consistorio. El juez también reclamó en su día una copia de los trabajos que realizó la citada sociedad para la regularización catastral del camping del Teularet. Entre la documentación remitida consta el pago de una cantidad, pero sin más información.

La relación del suegro de Benavent con la empresa Servimun siempre ha sido muy estrecha. La UCO concluyó que Mariano López medió a favor de la firma para que fueran los adjudicatarios del servicio del call center. Como contraprestación, la investigación apunta a que se embolsó 198.000 euros en comisiones, aparte de un trabajo para su hijo. El familiar fue contratado como uno de los inspectores de la empresa.

Dos fueron los métodos para el cobro de estas supuestas comisiones. Por un lado, una cuenta bancaria a nombre de la mujer del exsuegro. En ese depósito se registran varias transferencias desde la empresa adjudicataria por un total de 15.000 euros. Posteriormente, las transferencias se canalizan a través de Técnicas Legales Administrativas. Se trata de una empresa pantalla dirigida por la cuñada de Mariano López.

En su última comparecencia, Marcos Benavent implicó a la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez. Anunció que su familiar y la entonces diputada de EU tenían un acuerdo. Este pacto implicaría la denuncia de todas las irregularidades de la trama Imelsa menos la del call center. A cambio obtendría los audios que durante años grabó Benavent y que custodiaba el suegro. Según el exgerente de Imelsa, como compensación se le dio un contrato relacionado con unos trámites de un camping de Enguera. La actual consellera supuestamente habría intercedido a favor de López. La alto cargo lo ha negado.