El IVF se enreda con ayudas públicas que acaban beneficiando a Puig

El director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, no acabó de aclarar ayer la operación por la que el banco público de la Generalitat terminó perdonando una parte de la deuda que el grupo Zeta tenía contraída con la Administración pública. El grupo mediático, de uno de cuyos periódicos -Mediterráneo- es accionista el presidente del Consell, Ximo Puig, fue absorbido el pasado mes de abril por Editorial Prensa Ibérica, después de que el Gobierno valenciano llevara a cabo la quita de su deuda.

Para ello, el pleno del Consell aprobó el 15 de marzo un decreto que permitía al IVF actuar como cualquier otra entidad bancaria, a pesar de su naturaleza pública, y asumir deuda de terceros, como informó ayer eldiario.es. Puig no se ausentó de ese pleno en el que se votó el decreto que permitió que días después el grupo al que está vinculado quedara liberado de su deuda con la Generalitat.

Illueca reconoció ayer que no era obligatorio que el Consell hubiera aprobado el decreto que permitía a la entidad hacerse cargo de la deuda del grupo Zeta pero que prefirió que fuera el pleno del Ejecutivo valenciano el que certificara que el banco público de la Generalitat podía hacerlo para dotarlo «de mayor seguridad jurídica». De hecho, Illueca explicó que con el acuerdo del Consell buscó «un reconocimiento de todos de que el IVF era realmente un banco público». «Yo lo hubiera hecho igual sin el decreto», dijo.

La medida acabó beneficiando días después al grupo Editorial Prensa Ibérica, que adquirió el grupo Zeta. Puig es accionista de la editora de uno de los diarios de Zeta que ha acabado siendo absorbida por EPI y, por tanto, beneficiaria de la operación del banco público valenciano.

El director explicó que cuando el Consell aprobó ese decreto no tenía «ningún tipo de información de si estaba detrás esta operación u otra», aunque reconoció que él sí la tenía porque cuando se planteó la venta del crédito de Zeta se condicionó a la aprobación del decreto, que aseguraba «cobertura legal» a todas las operaciones. «Si no lo hacía, temía que la pérdida fuera mayor», dijo, ya que había un informe de Deloitte que avisaba de que el IVF podía recuperar un menor importe. Eso sí, Illueca dijo desconocer que Puig era accionista de una de las empresas de Zeta, con el 1,2% de las acciones. Puig «nunca ha dado luz verde ni luz roja a ninguna actuación del IVF, y si algo le ha caracterizado ha sido el máximo respeto a las decisiones técnicas del IVF», dijo el director del instituto, que reconoció que el presidente se interesó por la operación después de ver «que estaba en varios medios de comunicación».

Illueca defendió la necesidad de aprobar el decreto, que según explicó llevaba casi un año en exposición pública, pero lo cierto es que la única operación de quita que el IVF ha llevado a cabo ha sido la que involucra a Puig, aunque hay varias en marcha. La comparecencia de Illueca, lejos de despejar dudas, enredó aún más las explicaciones y puso el foco en el Consell, finalmente encargado de dar luz verde a la operación. Y es que la presencia de Puig en el accionariado de Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), la empresa editora del diario Mediterráneo de Castellón y en el que Zeta era accionista mayoritario, y la adquisición de ese grupo por parte de Prensa Ibérica, editora entre otros de los diarios Levante e Información, ha derivado en una polémica que ya ha llegado a Les Corts. Ciudadanos y PP cuestionan la operación, que ha contado con una participación indirecta de la administración autonómica a través del IVF y que supone que el presidente de la Generalitat se convierte de facto en socio minoritario del principal grupo de comunicacion de la Comunitat, que incluye Mediterráneo en Castellón, Levante en Valencia e Información en Alicante.

La polémica arranca del acuerdo alcanzado en su día por Prensa Ibérica con los acreedores de Grupo Zeta para llevar a cabo una quita del 70% de la deuda total del grupo de Antonio Asensio. Pecsa, la editora de Mediterráneo, se habría visto beneficiada de una decisión en la que, además, habría participado el Instituto Valenciano de Finanzas, al que Grupo Zeta también debía 1,9 millones de euros de un antiguo crédito de seis millones para comprar una imprenta en Alicante. El IVF, dependiente de la Conselleria de Hacienda, dio el visto bueno a la condonación de una parte de la deuda -que alcanzaría los 1,3 millones de euros- y favoreció así la adquisición por parte de Prensa Ibérica de Grupo Zeta. El paquete de acciones de Puig en Pecsa está valorado en unos 178.000 euros.