La víctima del ex de Oltra busca una reunión con el PP para obtener ayudas

Durante un tiempo sirvió al PP y a Vox, entre otros argumentos, para justificar el supuesto abandono que desde la Conselleria de Igualdad, gestionada en un su primera etapa por Oltra y en su recta final por Aitana Mas, se había instalado respecto al caso de la menor. Existen asuntos todavía sin solución. Por un lado, la situación de los dos hijos de Tanco. La Conselleria de Igualdad decidió antes del verano dar amparo a los dos menores, un bebé y otro niño, de apenas dos años de edad. La incapacidad de su madre y la pareja de este -fue detenido tras dar positivo por cocaína el menor de sus descendientes- obligó a adoptar una decisión de esta envergadura. Los pequeños se encuentran con una familia acogedora. Muy probablemente el mejor lugar para ellos en el contexto actual.

No obstante, esa resolución no fue inmediata. Todo lo contrario. Se demoró por el temor de los propios funcionarios a intervenir cuando estaba en marcha otra investigación penal por un presunto encubrimiento de Oltra y su equipo ante la denuncia por abusos. Temían que una actuación en ese ámbito se pudiera interpretar como una 'venganza' por las imputaciones judiciales. Hasta tal punto que incluso trataron de desligarse de su responsabilidad y derivaron el expediente a la Fiscalía de Menores.

El episodio fue aprovechado por PP y Vox para, con diferente intensidad, criticar esa decisión administrativa. El paso de los meses y el cambio en el Botánico plantea ahora un nuevo escenario. La posibilidad de actuar en los diferentes frentes abiertos o la conveniencia de mantener la situación en este estadio. El entorno de la menor ya se ha movido de manera informal con el PP para lograr audiencia en la conselleria con las competencias de Bienestar Social, Susana Camarero. Si esta mediación no llega a buen puerto se materializará de forma oficial a partir de septiembre.

La reunión de la consellera o de la cúpula del departamento con el abogado de la menor, el presidente de España 2000, José Luis Roberto, tampoco resulta un plato de buen gusto para los populares. Harto el PP de las informaciones que subrayan el binomio con la derecha radical de Vox, un encuentro con el presidente de España 2000, sólo ahondaría en esas interpretaciones negativas.

La situación de la menor, por otra parte, ofrece algunas novedades, pero escasas esperanzas. Recientemente, la joven ha recibido un balón de oxígeno en su delicada situación económica. Tanco ha cobrado ya los 10.000 euros de indemnización por el 'despido' que la conselleria de Sanidad efectuó al asumir las competencias del área de salud de Torrevieja. Ese ingreso, no obstante, no invita a un cambio de rumbo en su ajetreada vida. Al parecer, sigue sin trabajo. Tanco trató, en sus inicios, de reclamar algún tipo de ayuda económica tras media vida en centros de protección y sin cobertura para emprender un proyecto vital.

Sin embargo, el hecho de que hubiera recibido numerosas aportaciones económicas de particulares -desaparecieron con la misma facilidad con la que llegaron– le cerró las puertas a prestaciones sociales. El fin de ese periodo de bonanza quizá permita recuperar de nuevo la vía administrativa.

De igual modo, los abogados de la joven plantearon una indemnización a la Conselleria de Bienestar Social por la desprotección que sufrió en su momento la menor nada más denunciar los abusos sexuales de los que había sido víctima.

Ningún responsable de la conselleria la creyó. Es más, todos los informes restaban credibilidad a la adolescente. Tampoco se le asignó un abogado que defendiera específicamente sus intereses en toda aquella investigación. Y la Conselleria de Igualdad, al no ser parte en el procedimiento contra el educador, no fue condenada a compensar económicamente a la víctima. En su momento, se reclamaron 280.000 euros de indemnización. Todo este proceso, todavía en la vía administrativa, se paralizó en el momento en que se abrió la causa penal.

Todas estas derivadas –incluido el cierre precipitado de un centro de Segorbe por unas sospechas de abusos sexuales que no se confirmaron– pueden terminar convirtiéndose en un pequeño agujero en la gestión de la conselleria. Y todo a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el núcleo principal de este enredo, si confirma la condena de cinco años de cárcel al educador Luis Ramírez Icardi. Una repetición del juicio -hipótesis no descartable- supondría un sorprendente vuelco a la situación judicial.