Los entresijos del clan Grau en el caso Azud

La UCO, en su último informe conocido el pasado miércoles, amplía el incremento patrimonial no justificado de Alfonso Grau a 802.000 euros. Esta es la conclusión que alcanza la Guardia Civil tras un minucioso análisis de las cuentas y gastos de la más variada naturaleza, de coches de alta gama a mobiliario para su céntrica vivienda. Del montante global, 423.000 euros se dedicaron a la compra de dos inmuebles, unas propiedades aglutinadas en la sociedad Familia 3000 SL.

El papel de la familia no resulta secundario sino capital. La pista del dinero conduce directamente a Wisconsin (Estados Unidos). Allí reside desde hace años su hija, María Ángeles Grau, casada con Kent Lawrence, ciudadano americano. Son varios los indicios delictivos que enumeran los investigadores. En primer lugar, una cuenta de su titularidad en JPMorgan, cuyos datos aparecen en los papeles decomisados al empresario Jaime Febrer, supuesto cabecilla de la trama en España. «Es la misma que hace dos años. No ha cambiado nada», se indica en unas anotaciones dentro de una carpeta con las iniciales AG.

La UCO señala que ese depósito fue el utilizado por Alfonso Grau para cobrar un millón de euros, en este momento, en paradero desconocido. ¿Qué motivo puede tener que un empresario valenciano tenga la cuenta en EE UU de la hija de un político con quien no mantiene ninguna relación comercial? Parece difícilmente explicable más allá de camuflar el destino del dinero.

Existen más indicios. La misma cuenta registra una transferencia de una empresa panameña (Edindoro Investment) desde cuentas de Reino Unido y Suiza. Una comisión rogatoria ha demostrado que tras esta sociedad se encuentran los Montoro, una conocida familia valenciana de empresarios, salpicada en la trama. ¿Y por qué iban a pagar 200.000 euros al yerno de Grau y su pareja? La respuesta anterior sirve, de nuevo, para este caso.

El matrimonio también debería dar explicaciones –no han declarado ante las autoridades americanas y, en algún momento serán convocados por el juzgado de Valencia– acerca de otras operativas cuanto menos sospechosas. La pareja dispone de una cuenta en el Citibank de la capital del Turia. Allí se han efectuado ingresos en efectivo por parte del exvicealcalde que, posteriormente, se han trasladado a Estados Unidos en una operación autorizada desde un móvil. Todos los ingresos se efectuaron de forma fraccionada para no despertar sospechas en los supervisores bancarios. En total, casi 70.000 euros marcharon camino de Wisconsin. Se da la circunstancia de que posteriormente se amortizó un préstamo por una cantidad similar.

La Fiscalía y la juez insisten en sus escritos en trasladar la idea de que existe una relación tan estrecha entre los familiares que incluso el patrimonio parece común. Llama la atención de la UCO que el matrimonio americano mantuviera a su disposición dos trasteros cuyo coste se abona con una tarjeta bancaria que únicamente se emplea en este cometido. ¿Qué sentido tiene esta operativa dentro de la lógica de una economía familiar? De ahí la necesidad de las explicaciones.

La UCO había puesto el foco en estos dos habitáculos ante la creencia de que allí se podrían esconder documentos clave del caso e incluso el efectivo de las mordidas. Los investigadores lamentan que el dinero está ilocalizable. No pasa desapercibido tampoco el 'distanciamiento' que se ha producido entre el matrimonio americano y el cabeza de familia. Desde 2021 no se desplazan a España para verlo pese a la edad del exvicealcalde (82 años) y sus problemas de salud. Ni siquiera se han personado en la causa y eso que parte de su patrimonio está bloqueado. En cambio, con anterioridad, la relación presencial era intensa, con periódicos desplazamientos de Grau a Estados Unidos que fueron aprovechados incluso para abrir cuentas a su nombre.

El hallazgo de dinero en efectivo resulta, una vez más, indicador de una actividad bajo sospecha. Sorprende el hecho de que en casa del exvicealcalde no se encontrara dinero, pero sí aparecieran más de 3.000 euros en una casa de su hija que está deshabitada. En la vivienda de su otra descendiente también se encontró efectivo. Más de 17.000 euros. Una cantidad excesiva para el día a día de una economía familiar.

Las cajas de seguridad tampoco han pasado desapercibidas en el análisis de la conducta familiar. Desde 1999, justo con su entrada en política, el dirigente ha tenido al menos cinco cajas de seguridad. Las dos primeras eran compartidas con su primera mujer. Todas las canceló en 2015 con el inicio de sus problemas judiciales. Sus dos hijas figuran como autorizadas. Su otro yerno, Eugenio Cámara, también figura como autorizado en uno de los depósitos de seguridad. Cámara fue un alto cargo de la entidad que gestiona el tratamiento de residuos. Los especialistas del Instituto Armado piensan que las cajas sirvieron para esconder el dinero en efectivo. Y todo lo anterior sin olvidar un episodio –si no fuera delictivo sería cómico– en el que Grau intenta abrir una cuenta en París para ingresar 300.000 euros porque tenía miedo de la situación política en España.

El exdirigente acumula un rosario de condenas. Por un lado, por aceptar relojes de lujo. No llegó a entrar en prisión. El pasado mes de julio se notificó otra sentencia: cinco años de cárcel por la financiación ilegal del PP. Pasó seis meses en prisión por Azud. Pero debido a su edad y salud, difícilmente volverá a pisar una penitenciaría.