El TSJ envía la causa de Miquel Domínguez al juez del blanqueo del PP

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya ha contestado al escrito que presentó Anticorrupción para reclamar el expediente de Miquel Domínguez. La instructora del asunto, la magistrada Pía Calderón, ha decidido remitir las actuaciones al juzgado de Instrucción 18 de Valencia, tal y como solicitó el fiscal, tras perder Domínguez su condición de aforado. Ahora, una vez el juzgado que investiga a cerca de medio centenar de personas entre concejales, asesores y ex cargos populares, reciba el asunto tendrá que resolver si asume -lo hará salvo sorpresa mayúscula- las diligencias. Tras este trámite, el exdiputado volvería a estar imputado por el blanqueo del PP. El juez podría citarle para tomarle declaración como investigado ya que en este órgano nunca ha comparecido.

El caso de Domínguez es ciertamente singular. Su condición de aforado, era diputado autonómico cuando saltó el caso, le sitúa ahora en una posición inédita. El hecho de que el TSJ reclamara sólo la parte del sumario que afectaba al aforado y no la totalidad -como sí ocurrió en el caso Cooperación, por poner un ejemplo- hace que ahora Domínguez vaya a ser encausado con un pronunciamiento favorable del TSJ, que no vio delito en su actuación.

El fiscal sostiene que desde que el asunto se derivó al alto tribunal, la investigación ha progresado y ha revelado «un alto grado de prácticas corruptas en el Ayuntamiento» aparte de incluir nuevos indicios de la supuesta comisión de un delito de blanqueo. Algunas fuentes apuntan a que el juzgado aguardaba esta resolución -en realidad, que Domínguez dejara de ser aforado y el regreso del asunto- para dictar el auto de procedimiento abreviado, que equivale al procesamiento. La incógnita se despejará en las próximas semanas.

Anticorrupción, en el escrito que presentó en el TSJ, detallaba los nuevos argumentos incriminatorios. Recordaba que todas las campañas -de 2007 a 2015- se han caracterizado por exceder el máximo permitido y al margen de cualquier sistema de control financiero. Destacó el papel de las dos agencias de comunicación implicadas, Laterne (2007) y Trasgos (2011), y cómo en realidad se trataba de instrumentos para canalizar aportaciones de empresarios a la campaña.

Respecto a Domínguez, subrayó la propuesta que realizó la entonces edil socialista Ana Botella, que en 2006 denunció los pagos irregulares de una serie de fundaciones controladas por el Ayuntamiento a las agencias que organizaban la campaña de los populares. Domínguez fue uno de los ediles que votaron en contra de la citada comisión. Los colaboradores en esa caja B del grupo municipal eran los principales contratistas del Ayuntamiento, incidieron desde la acusación pública. Además, añadió las explicaciones de Génova que desde el primer momento han aclarado que la actuación del Grupo Municipal se desarrolló al margen del control del partido y la fiscalización del Tribunal de Cuentas.