¿Se equivocó el PP al apartar a los investigados por el pitufeo?

La decisión de la Audiencia da carpetazo al caso. Pero sitúa el foco en lo ocurrido con quienes han sufrido en sus propias carnes la tortura de verse señalados por la sombra de la corrupción durante seis años. Concejales y asesores del partido a los que se señaló públicamente, con el único reparo de poner en ocasiones un 'presunto' delante de la descripción de comportamientos delictivos que, ahora, quedan archivados. Familias destrozadas, trayectorias políticas liquidadas y una sospecha permanente de comportamiento público inadecuado, que ahora los tribunales niegan.

Barberá, como el del resto de sus concejales que se vieron investigados por este caso, no sólo sufrió una cacería animada por el resto de grupos políticos y algunos altavoces interesados. También vivió en primera persona el desapego por parte de su propio partido, que decidió marcar distancias con los cargos señalados por la justicia mucho antes de que ésta, como acaba de ocurrir, les liberara de toda sospecha.

La imagen de la exalcaldesa aislada en el Senado, sin que siquiera sus compañeros de partido supieran si saludarla o no, reflejó lo inexplicable de las decisiones impulsadas por la calle Génova y que la dirección del PP valenciano en aquellos momentos decidió ejecutar.

Ahora es fácil concluir que aquellos expedientes ordenados por el partido, aquellas decisiones para marcar distancias con los cargos procesados fueron precipitadas. La presión, tanto en Madrid como en Valencia, como consecuencia de la sucesión de causas abiertas por supuestos casos de corrupción dejaba poco margen para otra decisión.

La Audiencia, es cierto, demuestra ahora que el partido se equivocó por no confiar en la presunción de inocencia de quienes habían dado tanto para conseguir 24 años ininterrumpidas de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia. Pero la situación de hace cinco años no es la actual. Y la sacudida emocional que supuso el caso del pitufeo no se puede medir ahora con el ventajismo de conocer el pronunciamiento de los tribunales.

El caso de Barberá es el más significativo, tanto por el protagonismo político de la exalcaldesa como porque su caso abrió un amplio debate en la propia dirección nacional. Génova marcó distancias con la exalcaldesa, incluso a pesar de la estrecha relación de Barberá con Mariano Rajoy. El PP, atendiendo a las consignas de la dirección nacional, llegó incluso a reprobarla en Les Corts. Isabel Bonig, el día de su adiós como presidenta regional, admitió el error de haber respaldado aquella moción en septiembre de 2016.

Barberá falleció el 23 de noviembre de ese año, señalada por un blanqueo que ahora los tribunales reconocen como «meras sospechas». El gran bastión del PP en la ciudad de Valencia, la dirigente más reconocida y con más influencia durante décadas, acabó sus días como una apestada incluso para los suyos. Aquel PP valenciano seguía desconcertado tras la apabullante derrota electoral de 2015, que le dejó sin hegemonía electoral en la Comunitat.

El otro PP, el de Rajoy y Cospedal, decidió ser expeditivo con el partido en la Comunitat tras los gürtel, brugal, emarsa, cooperación o caso Fabra. También, y quizá el más importante, por el caso Bárcenas. Una contundencia para enviar un mensaje de rechazo absoluto a la corrupción que, sin embargo, ahora algunas sentencias judiciales demuestran equivocado.

Formalmente, la dirección nacional del PP tramitó las renuncias voluntarias presentadas por los afectados por el pitufeo. Lo que en realidad ocurrió fue que se cedió a la presión política, mediática y social de una coyuntura que ya iba en contra, y que acabaría derivando en una condena al PP y en una moción de censura que dejó a Rajoy fuera de la Moncloa.

¿Se podía haber actuado de otra manera? La actual dirección del PP valenciano ha marcado distancias con aquellas líneas rojas que en su día hizo famosas Alberto Fabra, también para hacer frente a la sucesión de procesos judiciales que afectaban a cargos del partido. Las nuevas líneas rojas las marcan los estatutos del partido, es decir, una sentencia condenatoria. Y hasta ese momento, presunción de inocencia.

Génova no es ajeno a ese cambio de actitud. El PP ya no cree que tenga que pedir perdón por los casos que han afectado a sus exdirigentes. Que la justicia se pronuncie y que condene cuando así lo considere. El perdón, como ha dicho Teo García Egea en el Congreso, lo tendrían que pedír quienes acusaron sobre sospechas que se han demostrado equivocadas.