La filial de ERC se cuela en Les Corts

Maria Pérez Company, secretaria general de ERPV, es la persona designada por la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular que pide la gratuidad de los productos vinculados con la regla. La ILP, teóricamente un instrumento para que la ciudadanía proponga leyes al margen de los partidos, en este caso está impulsada por cuatro personas que son, todas, de la dirección de ERPV. Ciertamente, además de integrantes del partido independentista, son personas, así que legalmente lo pueden hacer, al igual que presentar facturas de gastos para que el parlamento valenciano las pague, si bien es cierto que algunas de ellas se giraron directamente a nombre de ERPV.

Company, en virtud de encabezar la ILP, exige intervenir en el pleno de Les Corts, tal y como la ley de las iniciativas legislativas populares contempla. El Reglamento del parlamento lo prohíbe, y ahí están los independentistas batallando. Sería la primera vez que pisasen el hemiciclo para intervenir en una sesión plenaria. Los votos no les alcanza para llegar por la vía electoral. Sin embargo, la presencia de ERPV no se limita a eso.

La Mesa de Les Corts tuvo conocimiento este mes de un escrito de Pérez Company sobre el cumplimiento de la carta de derechos sociales valenciana «en relación con la discriminación por razón de sexo». El órgano que rige el parlamento acordó su remisión a la Comisión de Peticiones y su comunicación a los grupos parlamentarios y los diputados. Y es esa misma Pérez Company la que el pasado mes de febrero cursó una petición de documentación a la Conselleria de Justicia, por considerar que «mantiene en condición de fraude de ley su relación con el Cuerpo de Bomberos Forestales del País Valencià». Pérez Company le pregunta a la conselleria que dirige Bravo cómo va a estabilizar la plantilla. Maria Duart, gerente de la SGISE le adjunta la documentación solicitada.

Fuentes del Botánico en la Mesa de Les Corts admiten lo poco usual de que el Gobierno valenciano conteste a un partido político sin representación en la Cámara a través de una tramitación parlamentaria, y de hecho, señalan que esa documentación podría solicitarse al Consell a través de los canales propios que establece la ley de transparencia y participación ciudadana. Y así, poco a poco, ERPV va colándose en la vida parlamentaria valenciana.