Otro error del Botánico vuelve a favorecer a los socios de Francis Puig

La conselleria de Educación, en su momento, acordó la devolución de las subvenciones percibidas para el fomento del valenciano por no ajustarse las facturas presentadas al objeto del contrato. Pero el incumplimiento de los plazos del procedimiento administrativo -se notificó una vez agotado ya el límite temporal- ha llevado al TSJ a anular los reintegros. La última sentencia conocida afecta a la mercantil Canal Maestrat, que ha sido eximida de devolver casi 3.800 euros del proyecto radio Vall d'Uixó. Otro fallo, adelantado por Eldiario, evita que la firma devuelva otros 44.000 euros.

Los dos pronunciamientos anteriores se suman a las sentencias que ya perdonaban la devolución de cerca de 170.000 euros de justificaciones incorrectas por parte de las mercantiles. Pero, de igual modo, el incumplimiento de los plazos administrativos llevó a la nulidad de esos expedientes de reintegro.

La red de captación de subvenciones está siendo analizada por el juzgado de Instrucción 4 de Valencia. Las empresas de Francis Puig investigadas son Comunicacions dels Ports, con sede en Morella, y Mas Mut Produccions, que tiene su domicilio social en la provincia de Teruel. Los hermanos Adell Bover, socios preferentes del hermano del exjefe del Consell, estaban al mando de Canal Maestrar y Kriol. Un reciente informe de la Guardia Civil recoge supuestas irregularidades en las facturas aportadas para el cobro de las ayudas públicas.

El cártel de las productoras lo conforman un grupo de empresas de televisión del norte de Castellón y en la que participa el hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig. El término «cártel» fue acuñado después de que Competencia de la Generalitat impusiera una sanción de más de 40.000 euros a varias mercantiles por pactar precios con el objetivo de recibir contratos de corresponsalías comarcales de À Punt.

La propia televisión pública fue la que denunció el caso tras detectar operaciones irregulares entre varias empresas, que acordaron sus ofertas para repartirse varios de los contratos. Además, entre las sanciones previstas estaba que no pudieran contratar con administraciones públicas, algo que no ha quedado resuelto, ya que algunas de estas mercantiles sí que han seguido recibiendo tanto encargos de la administración como subvenciones públicas tanto de la Comunitat Valenciana, en la época del Consell del Botánico, como desde Cataluña y Aragón. La mayoría de estas ayudas han ido dirigidas para la promoción del valenciano, del catalán y del aranés.