Un error del Consell del Botánico libera a los socios de Francis Puig de pagar 170.000 euros

La conselleria de Educación reclamó a estas dos mercantiles la devolución de parte de las ayudas recibidas durante varios ejercicios. A Canal Maestrat, en concreto, se le reclamó el reintegro de 73.209,9 euros correspondientes a 2016 por los proyectos Radio Vall d'Uixó, 40 Principales y SER Maestrat. A esta cantidad había que añadir 17.372,59 euros por SER Maestrat y 55.260,59 euros por Radio La Vall d'Uixó correspondientes a la convocatoria de 2017. El último reintegro, en esta ocasión por parte de la productora Kriol era de 24.976,90 euros por el proyecto 'Telescola: la televisió a l'escola'. En total, 170.819,98 euros entre las dos empresas.

El plazo para reclamar las aportaciones públicas era de 12 meses desde la incoación del expediente, que se abrió el 7 de noviembre de 2019, por lo que el reintegro se debía haber ejecutado antes del 6 de noviembre de 2020. La pandemia de coronavirus provocó que los plazos se suspendieran durante 79 días, por lo que el límite temporal para solicitar por parte de la Generalitat la devolución de las subvenciones vencía el 24 de enero de 2021. La resolución finalmente se dicta el 28 de enero de 2021, cuatro días después de que caducara el procedimiento, con el fin de ampliar un mes más el plazo para solicitar el reintegro. Pero como esa decisión ya se dictó fuera de plazo por parte de la conselleria de Educación, en manos de Vicent Marzà (Compromís), no tuvo ningún efecto.

De esta manera, los hermanos Adell Bover, a los que se les había reclamado la devolución de parte de las ayudas –no así a Francis Puig– se ven liberados del reintegro, aunque contra la resolución del TSJ cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que habrá que ver si la Generalitat adopta esa decisión, para la que tiene un plazo de treinta días.

El cártel de las productoras lo conforman un grupo de empresas de televisión del norte de Castellón y en la que participa el hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig. El término «cártel» fue acuñado después de que Competencia de la Generalitat impusiera una sanción de más de 40.000 euros a varias mercantiles por pactar precios con el objetivo de recibir contratos de corresponsalías comarcales de À Punt. La propia televisión pública fue la que denunció el caso tras detectar operaciones irregulares entre varias empresas, que acordaron sus ofertas para repartirse varios de los contratos. Además, entre las sanciones previstas estaba que no pudieran contratar con administraciones públicas, algo que no ha quedado resuelto, ya que algunas de estas mercantiles sí que han seguido recibiendo tanto encargos de la administración como subvenciones públicas tanto de la Comunitat Valenciana, en la época del Consell del Botánico, como desde Cataluña y Aragón. La mayoría de estas ayudas han ido dirigidas para la promoción del valenciano, del catalán y del aranés.

Las empresas de Francis Puig investigadas son Comunicacions dels Ports, con sede en Morella, y Mas Mut Produccions, que tiene su domicilio social en la provincia de Teruel. Los hermanos Adell Bover, socios preferentes del hermano del exjefe del Consell, estaban al mando de Canal Maestrar y Kriol. La primera, que era la matriz, ya no opera, por lo que los Adell Bover compraron TVCS para poder seguir en el negocio de las productoras sin verse salpicados por la investigación judicial abierta.

En el último informe de la Guardia Civil sobre el entramado de Francis Puig para captar inversiones para el fomento del valenciano dedica un apartado a la especial relación entre Comunicacions dels Ports y Mas Mut. Los agentes hacen mención a una serie de facturas cruzadas entre estas empresas que, en teoría, se 'pagaban' por compensación, es decir, por la contraprestación de servicios por idéntico importe. Pero no es esto lo que sucedió en las mercantiles de la red. Mas Mut entregó a los agentes un disco duro con varias carpetas donde apuntaba que los trabajos ascendían a 32.657 euros.

Pero la Guardia Civil llama la atención en su investigación acerca de la «considerable» diferencia con las facturas compensados por Comunicacions, algo más de 14.000 euros. En total, en este juego de las compensaciones, se generó un agujero de 18.000 euros. Pero esas cantidades, no obstante, sí fueron utilizadas como supuestos gastos en los expedientes justificativos de las subvenciones al valenciano.