Un error judicial retrasa la investigación a Blasco por los 600.000 euros en Suiza

Una de las primeras diligencias sería la citación como investigado de Rafael Blasco, una situación que no sería novedosa para el expolítico, condenado en diferentes piezas del caso Cooperación. De hecho, recientemente regresó a dormir a la penitenciaría de Picassent para cumplir con la última de estas sentencias.

El rastreo de las cuentas de los investigados en las indagaciones del caso Azud, una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos, deparó la aparición, en principio colateral, de Rafael Blasco. Un depósito en Suiza, en un banco privado, de 600.000 euros. Una cifra para nada irrelevante. ¿Qué pensarían sus primeros compañeros de banquillo, los de la primera pieza del caso Cooperación, si hubieran conocido entonces esta información?

La cuenta estaba también a nombre de Montoro, referente de una de las familias salpicadas en Azud. Tras las primeras informaciones del caso Cooperación, con el desvío de ayudas al Tercer Mundo, el dinero se movió hacia un destino desconocido, según las diligencias.

La Fiscalía siempre sospechó que ese dinero supuestamente procedía de algún otro caso de corrupción hasta la fecha ignorado. Una comisión de un empresario por un presunto trato de favor. Además, Blasco ocultó su condición de cargo público cuando presentó su documentación en las oficinas del banco, un trámite obligatorio para prevenir conductas de blanqueo.

El asunto primero recaló en el TSJ y en la Audiencia, pero no para una investigación penal. Se trataba de aportar esa información para el pago de las responsabilidades civiles del caso Cooperación, un formidable lío del que hoy, casi diez años después de la primera condena, sigue sin resolverse. Pero, unos días más tarde, la Fiscalía Anticorrupción pidió que se enviara el documento a un juzgado de instrucción para abrir unas diligencias ante la creencia de que los eventuales delitos no estaban prescritos.

El expediente fue a parar a Instrucción 10 que entendió que no le correspondía a él sino, en realidad, a Instrucción 13, el juzgado que instruye Azud y se había inhibido al aparecer esta documentación en otro sumario. No aceptó el encargo de este último juzgado. En ese momento, se abría la puerta a que el primer juez planteara una cuestión de competencia, unas discrepancias que debería resolver la Audiencia. Sin embargo, en el último momento, el juez del 10 ha detectado un error en las normas de reparto y lo ha enviado de nuevo al decanato para que se asigne a otro juzgado.

Las normas de reparto son los criterios que tiene establecido cada decanato para establecer un equitativo reparto de causas entre los diferentes juzgados de un partido. Se trata de unas normas que asignan cada unos de los expediente por riguroso orden de entrada con la aplicación de algunos factores correctores.

No es la única noticia relacionada directa o indirectamente con el siete veces conseller. La Audiencia de Valencia ha fijado para el mes de septiembre el inicio de las sesiones del último caso de corrupción, el expolio del Hospital General, que afecta a esta conocida familia valenciana. El exconseller esquivó su imputación pese a los esfuerzos de la Fiscalía.

No será un proceso rápido. El tribunal ha previsto cerca de dos meses de sesiones, aunque estos calendarios provisionales tienden a acortarse a medida que avanza la vista y se renuncia a numerosos testigos.

El caso no por ser el último carece de enjundia. Se trata del desfalco en el Hospital General perpetrado supuestamente por Sergio Blasco, sobrino del siete veces conseller Rafael Blasco. Anticorrupción solicita penas muy elevadas para los miembros de la red delictiva. Para Sergio Blasco, por ejemplo, reclama 20 años de cárcel. La multa asciende a 14 millones de euros.