Los errores de Marzà con los socios de Francis Puig han costado 210.000 euros

La Generalitat notificó fuera de plazo el reintegro de estas ayudas, que se destinaban fundamentalmente al fomento del valenciano. Se trata de errores en el seno de la Conselleria de Educación, dirigida en ese momento por Vicent Marzà (Compromís), que eximen a los empresarios de devolver unos 210.000 euros de ayudas incorrectamente justificadas. Y eso que desde el departamento autonómico se apresuraron a informar en noviembre de 2021, que se había incoado un expediente para el reintegro de las cantidades. Un gran anuncio con un nulo resultado.

El ahora candidato de Sumar al Parlamento Europeo recuerda la falta de personal en el departamento, un argumento que se ha expuesto en las alegaciones de la Generalitat al TSJ y que ellos continuamente reclamaron a Función Pública y a Hacienda. Marzà lamenta que se haya querido trasladar la idea «de que hubo un trato diferente con estas empresas y para nada. Nada más lejos de la realidad». De hecho, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, ha pedido «disculpas» por si algo «no se hizo bien» en aquel momento, una conclusión evidente a la vista del resultado.

El desenlace no puede ser más perjudicial para el erario: 200.000 euros que han salido de la caja de manera indebida. «Me parece una animalada», admite el exconseller. «El dinero se ha de reclamar. Me parece bien el recurso que se ha presentado y a través de cualquier otra fórmula que se les ocurra a la Generalitat. Me parece perfecto».

Todo este complicado y polémico proceso de las ayudas se investiga en el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia en una causa donde informes de la Guardia Civil y también de la Intervención de la Generalitat recogen la comisión de graves irregularidades. Asunto diferente es que terminen transformándose en delito.

Hasta el momento, LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia en las que se resuelve que la Generalitat no respetó los plazos de los procesos de reintegro. La primera y más importante por la cuantía del dinero que se reclamaba es la que afecta a 170.000 euros procedentes de ayudas a Canal Maestrat y Kriol Produccions, las dos firmas de televisión de los Adell Bover.

Otro de los fallos suma cerca de 4.000 euros. Y existe un tercer pronunciamiento -en su día se iniciaron siete procedimientos de reintegro- de otros 40.000 euros que, en su día, informó Eldiario.

Los motivos en todos los casos son idénticos. El plazo para reclamar las aportaciones públicas era de 12 meses desde la incoación del expediente, que se abrió el 7 de noviembre de 2019, por lo que el reintegro se debía haber ejecutado antes del 6 de noviembre de 2020. La pandemia de coronavirus provocó que los plazos se suspendieran durante 79 días, por lo que el límite temporal para solicitar la devolución por parte de la Generalitat vencía el 24 de enero de 2021.

La resolución finalmente se dicta el 28 de enero de 2021, cuatro días después de que caducara el procedimiento, con el fin de ampliar un mes más el plazo para solicitar el reintegro. Pero como esa decisión ya se dictó fuera de plazo por parte de la Conselleria de Educación, en manos de Vicent Marzà (Compromís), no tuvo ningún efecto.

La Generalitat ha decidido recurrir estas decisiones frente al Tribunal Supremo, aunque las posibilidades de revocar el fallo son más buen escasas. Se trata de una cuestión puramente aritmética, de sumar y restar días, y no existe margen para la reinterpretación. De todos modos, la Abogacía tratará de buscar el amparo del alto tribunal.

Otra posibilidad, en un futuro, sería el inicio de un procedimiento de reintegro en el tribunal de Cuentas. Se trata de una jurisdicción especial en la que se analiza la posible responsabilidad de los gestores públicos en el manejo de los caudales públicos siempre que no haya existido un delito. Aunque también esta vía se antoja como un camino de reducido éxito.