El escándalo del espionaje incendia Alicante

La polémica sobre un posible caso de espionaje político en el Ayuntamiento de Alicante ha golpeado con fuerza el gobierno local. El Ejecutivo del alcalde socialista, Gabriel Echávarri, tuvo que soportar ayer las embestidas de los que fueran sus socios, Compromís y Guanyar, que criticaron que el PSPV haya ocultado durante dos meses el hallazgo de un dispositivo de grabación encontrado en la concejalía de Urbanismo. Una situación que complica aún más la posición de Echávarri, que gobierna en minoría en Alicante, y que se encuentra imputado en una primera causa por el despido de una funcionaria que escuñada del portavoz del PP en el consistorio y por un segundo relacionado con el fraccionamiento de contratos.

El hecho de que la grabadora fuera hallada en el despacho de la concejalía de Urbanismo es especialmente relevante. Este departamento estaba encabezado por Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar Alacant, que abandonó hace unos meses el Ejecutivo por la investigación sobre Echávarri. Tanto Guanyar como Compromís presentaron sendas denuncias ante la Policía Nacional y la Fiscalía por la existencia de un dispositivo de grabación. Tal y como informó EFE, el portavoz del grupo formado por EUPV-IU, Podemos e independientes se considera «afectado por un presunto delito de grabaciones ilegales» en una ciudad «en la que el Urbanismo ha sido muy convulso durante años, donde hay un Plan General (PGOU) presuntamente amañado y bajo sospecha de corrupción», destacó en referencia a la anterior etapa del PP con los exalcaldes investigados Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Pavón expresó su malestar por no haber sido informado del hallazgo cuando se encontró el dispositivo, hace dos meses y aseguró que «el 'mini' gobierno de Gabriel Echávarri (alcalde socialista) sigue en su línea de opacidad y falta de transparencia, y se ha querido ocultar algo cuando esto no se ha trasladado inmediatamente a la opinión pública y a todos afectados, yo entre ellos», insistió.

Por su parte, Natxo Bellido, concejal de Compromís manifestó que, en su opinión, éste es un asunto «absolutamente fuera de lo que es cualquier lógica democrática e institucional» y añadió que desde Compromís no creen «que los problemas se arreglen tapándolos» sino que «lo que tienen que hacer es salir a la luz y ver qué decisiones hay que tomar sobre ellos». Por ello, aseveró que no entienden la posición tomada por el gobierno municipal socialista «de tratar de tapar esta cuestión», y ha abogado por «actuar desde la máxima transparencia y poniendo en conocimiento de los órganos judiciales lo que ha pasado».

El escándalo de espionaje también fue ayer comentado por Ximo Puig, presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV. Puig consideró que el Ayuntamiento de Alicante tiene «toda la autonomía» para hacer «lo que estime oportuno», pero siempre hay que dar explicaciones para que los ciudadanos «tengan la máxima información desde la máxima transparencia». Eso es «lo que tiene que hacer el ayuntamiento», pero no porque lo diga el presidente de la Generalitat, recalcó, sino porque en estos casos «hay que dar la máxima transparencia y buscar si ha habido delito o no», unas explicaciones que «seguro dará» el Ayuntamiento de Alicante.

La concejal de Urbanismo de Alicante, Eva Montesinos, opinó que el dispositivo encontrado oculto en su despacho parece «de autograbación», «muy rudimentario» y «de corto alcance», por lo que no cree que le hayan grabado o que haya espionaje externo. Así lo indicó la edil socialista tras hacer la consulta a la Policía sobre los cables y una pila pertenecientes a un sistema oculto de grabación hallados hace dos meses bajo uno de los muebles del despacho que ocupa desde el pasado noviembre, según informó EFE. En declaraciones a los periodistas ayer, la concejal de Urbanismo relató que cuando acudieron a las dependencias de la Policía Nacional, «un alto cargo y un responsable de la unidad tecnológica» analizaron el aparato en cuestión y llegaron a la conclusión inicial de que «era una parte de otro dispositivo que, supuestamente, iría conectado a un ordenador» pero que por sí solo «no era constitutivo de delito porque no tenía capacidad de grabación».

El portavoz del PP en el ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, instó al presidente de la Generalitat a que intervenga para liberar a la ciudad de la «carga insoportable» del alcalde de la ciudad. Unas palabras que avaló Isabel Bonig, presidenta del PPCV, que calificó de «inaudito» el hallazgo del dispositivo y reclamó intervenir al líder socialista.