La España vaciada se alía contra la propuesta de nueva financiación de Puig

Al término de la reunión, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue el encargado de inaugurar las comparecencias de los presidentes, y aseguró que el coste de los servicios no es igual en todo el territorio. «Hay que tener en cuenta otros elementos como superficie, dispersión, baja densidad, envejecimiento para calcular el coste real de los mismos», dijo.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó que esta cita se reeditará, a propuesta del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una nueva reunión a celebrar en la localidad cántabra de Comillas. En declaraciones en la Cope, el dirigente socialista remarcó que desde el ingreso de España en la UE el arco mediterráneo se ha visto beneficiado del crecimiento económico, dejando entrever que ese factor también debía tenerse en cuenta en el nuevo modelo.

De su lado, el jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, opinó que frente a una España «del frentismo» en el Congreso de los Diputados, hoy (por ayer) hay ocho presidentes autonómicos que «demuestran perfectamente que es mejor hacer política» dejando atrás ese frentismo, «una excelente noticia». Lambán hizo alusión a los «movimientos» políticos de la España vaciada, «que puede derivar en un timo político de magnitud», y supondrán «más atomización del Congreso y más inestabilidad en la política española, dificultando una gobernanza inestable en este país».

En la declaración firmada se exige, entre otras cosas, que se tenga en cuenta la dispersión de la población en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, y que este asunto se pacte de manera multilateral y no en órganos bilaterales, como ocurrió en el pasado con Cataluña. Además, señalan directamente al coste de los servicios reales y la dispersión de la población como los principales puntos que, a su juicio, deben primar a la hora de reformar el modelo de financiación, que, además, destacan que debe ser fruto exclusivamente del consenso surgido en un órgano multilateral como es el CPFF.

En vísperas de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente su propuesta del modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada –anunciado para este mes de noviembre–, estas ocho comunidades exigen directamente al Ejecutivo que la voz y el voto se deben dar en este órgano multilateral, pidiendo dejar este debate al margen de los espacios bilaterales.

En paralelo a la reunión de estos ocho presidentes autonómicos, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se desplazó ayer hasta Alicante para abordar este mismo debate con su homólogo de esta Región, Luis Alberto Marín. Ambos coincidieron en plantear una propuesta conjunta de reforma del modelo que sea «urgente e inaplazable» y esté basada en el consenso y en el criterio de población ajustada, junto a un fondo transitorio hasta que sea realidad. Además, reclamaron que el nuevo modelo sea equitativo y garantice la suficiencia financiera al conjunto de las autonomías, además de abordar el problema de la deuda histórica y estar diseñado con transparencia.

Tras la reunión con Soler, Marín se reunió con el líder del PP valenciano, Carlos Mazón. Mazón destacó tras la cita que a Murcia y la Comunitat les unen «muchísimos frentes comunes más allá de la vecindad» y garantizó que si la Generalitat es «dura y firme» en materia de financiación, tendrá a la Diputación como un socio leal, pero exigente», recogió la corporación provincial en un comunicado.

El mismo día que se produjeron estas reuniones, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) hizo público un informe en el que se confirmaron las penosas previsiones del sistema de financiación para la Comunitat Valenciana. El documento prevé una caída de la recaudación prevista por la autonomía por este concepto de 272 millones de euros, debido en buena parte a la significativa caída de la liquidación correspondiente al ejercicio de 2019 y que se recibirá en 2021.

El informe señala además que la Comunitat Valenciana acabará este ejercicio con los peores datos de déficit de todas las autonomías, hasta el 1,5% de su PIB. La conselleria de Hacienda aseguró ayer no compartir esa estimación, aunque Soler señaló que el dato está relacionado con la infrafinanciación de la Comunitat.