El Gobierno no aclara si la Comunitat mejorará con la nueva financiación

¿Y qué dice la propuesta del Gobierno? El departamento que dirige María Jesús Montero plantea una propuesta de cálculo de población ajustada, una de las variables esenciales del modelo de financiación y que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales. El concepto de población ajustada hace referencia a las variables de población y correctivas que serán las que concretarán el reparto de fondos. Por sí misma, la población ajustada no es ni buena ni mala, sino que supone tener en cuenta las variables que la condicionan.

Entre esas variables de población, la nueva propuesta incrementa el porcentaje de gasto dedicado a Sanidad y Educación. En el primer caso se pasa de un 38% a entre un 40% y un 45%. En el segundo, del 20,5% se pasa a entre un 25% y un 30%. Lo significativo, con todo, es que el ministerio aumenta la división de la población protegida por tramos de edad. En Sanidad se pasa de siete tramos a 20. En Educación, por su parte, el modelo actual evalúa las necesidades en materia de educación tomando como variable la población de 0 a 16 años. Y la nueva propuesta, por contra, propone sumar a las necesidades de la población no universitaria las de la que sí que lo es, junto a los alumnos de otras autonomías. Una propuesta abierta, no obstante, a suprimir esa contabilización de alumnos de otras CCAA, o incluso a tener en cuenta los alumnos de Formación Profesional superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados. En Servicios Sociales también aumenta la segmentación de las franjas de edad afectadas.

Eso son las variables poblacionales. Pero luego están las correctivas. «La población ajustada también se compone de unas variables correctivas que tienen como objetivo garantizar una adecuada prestación de servicios en aquellas comunidades cuyas características geográficas inciden especialmente en sus necesidades de gasto», señala el ministerio.

Y aquí es donde se abren paso los criterios que menos favorecen a la Comunitat. El documento presentado tiene en cuenta un desafío clave para muchas regiones como es el reto demográfico. De hecho, el conjunto de estos factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual a una horquilla entre el 3% y el 4%.

¿Y cuáles son esas variables? En la propuesta del departamento que dirige Montero se menciona la superficie, la despoblación, la dispersión, la insularidad y los costes fijos. Conceptos defendidos por el grupo de ocho autonomías -Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León- y que van en la dirección contraria de los que favorecen a la Comunitat, Andalucía y Murcia.

¿Y con estos mimbres, la Comunitat sale favorecida? Pues no puede concluirse con claridad. La Comunitat Valenciana venía defendiendo que el criterio de población ajustada, es decir, el que hace referencia a aplicar variables sobre la población de cada región, se impusiera al del coste real de la prestación de cada servicio, defendido por el grupo de ocho CC AA. El Ministerio de Hacienda ya había dicho que optaría por la primera opción, de manera que ese ámbito beneficia a los intereses de la Comunitat, aunque hay poca novedad.

Y con la letra pequeña del modelo no resulta fácil concluir que la Comunitat sale claramente beneficiada. La mayor segmentación de las variables poblacionales puede resultar beneficiosa, pero lo cierto es que, en términos globales, la propuesta del ministerio dedica a esos criterios exactamente el mismo porcentaje de fondos que el modelo en vigor.

Por otra parte, las variables correctivas incorporan novedades como la despoblación y los costes fijos, que no están en el modelo vigente y que en nada benefician a la Comunitat.

Desde el Ministerio de Hacienda se advirtió este viernes, no obstante, que esta propuesta supone un punto de partida abierto a los planteamientos de las CCAA. No sólo eso. El documento remitido «aborda una parte importante de la reforma del sistema de financiación como es la población ajustada, pero no es el único elemento que configura el sistema de financiación, como pasa en el modelo actual». Es decir, sobre la mesa aún tendrán que incorporarse nuevos criterios, además del debate sobre estos.

Y eso significa el inicio de un proceso que se antoja prolongado, toda vez que la cercanía de distintas citas electorales pueden complicarlo, como ha venido ocurriendo durante los últimos años. Las andaluzas se celebrarán a lo largo de 2022 y el resto de autonómicas y las municipales están previstas para 2023. Contar con nuevos criterios también implica incorporar nuevos fondos complementarios que, en el caso del modelo en vigor, son los que han acabado favoreciendo al resto de CCAA. El Consell teme que ese sea el escenario que acaba produciéndose.