El Estado debe casi medio billón a Cataluña, según los independentistas

Esta es una de las conclusiones a la que ha llegado una comisión de estudio celebrada en la Cámara catalana, que ha abordado la cuestión de la financiación de la administración catalana. Los grupos han votado este lunes las conclusiones de forma provisional, hasta que sean ratificadas definitivamente en el pleno. Con los votos de ERC, Junts y la CUP, que han sumado los escaños de la mayoría nacionalista por primera vez en meses, la Cámara catalana ha aprobado este dictamen, además proponer una ley de financiación singular para Cataluña, que transfiera a la Generalitat la gestión y recaudación del 100% de los impuestos y fijar «una cuota de solidaridad entre Cataluña, como nación, y el Estado español, y establecer como base el principio de ordinalidad».

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Los secesionistas exigen un concierto o un cupo a la catalana para resolver el déficit fiscal, tras haber pactado la investidura de Pedro Sánchez, cuya estabilidad dependerá de los avances en las carpetas de la autodeterminación y en la financiación de la administración catalana. ERC y Junts, socios clave de Pedro Sánchez, están de acuerdo en dar pasos hacia un cambio del modelo de financiación, que equipare a Cataluña con el País Vasco. Esta materia será objeto de negociación durante la legislatura. El Govern cifra en 22.000 millones anuales, entorno al 8% del PIB, el déficit fiscal del Estado respecto a Cataluña, la diferencia entre lo que el Estado recauda en Cataluña y lo que recibe la administración autonómica.

El PSOE y ERC pactaron la condonación de un 20% de la deuda del Govern con el FLA (fondo de liquidez autonómica). Esta deuda catalana con el FLA asciende a 73.000 millones. Los partidos nacionalistas reclaman la condonación total del FLA. En materia de pensiones, los soberanistas plantean impulsar un sistema propio y crear la Agencia de Seguridad Social catalana así como una compensación por «infrafinanciación estructural» en el ámbito de la sanidad.

El PSC y los comunes han votado en contra de las conclusiones, mientras que PP, Vox y Ciudadanos no han participado en la comisión de estudio.