«Estamos en un estado de excepción disfrazado como si fuera de alarma»

Carlos Flores Juberías (Valencia, 1964) cumple confinado en su casa junto a su hijo, guarda cuarentena y teletrabaja. «Pero estar confinado no significa estar callado», apunta este catedrático de Derecho Constitucional. Está sorprendido de muchas de las medidas tomadas por el Gobierno y lamenta la escasa reacción de parte del mundo académico que parece que callan por el simple hecho de que las medidas las toma un Ejecutivo de izquierdas.

–¿Vivimos en un estado de alarma o de excepción?

–Cada día que pasa es más evidente que vivimos en un estado de excepción bajo la apariencia de uno de alarma. Aunque en un principio el hecho causante cuadraba con la hipótesis de un estado de alarma por una pandemia, el hecho es que las medidas que se han tomado y cada vez más, con cada nuevo decreto, son de un estado de excepción, donde hay derechos limitados como la libertad de circulación. Incluso se ha suspendido el derecho al voto (elecciones gallegas y vascas) que ni siquiera caben en un estado de excepción. La libertad religiosa, la praxis del culto, está de facto suspendida por acciones de las fuerzas policiales inspiradas desde arriba. Estamos en un estado de facto de excepción disfrazado como alarma y se suspenden los derechos sin las garantías recogidas. La declaración del estado de alarma no recoge un decreto de sanciones propio y se aplican las de las leyes. Existe indefinición y un grave atentado a la seguridad jurídica. El estado de excepción es más gravoso pero más garantista porque interviene el Parlamento que debate y vota las medidas, en una situación de alarma decide el Gobierno.

–El tema de las sanciones del confinamiento es uno de los más polémicos.

–Calcula que hablamos de 453.000 propuestas de sanción. Uno de cada cien españoles ya ha caído. ¿Recurrir? La Administración siempre tiene razón y no se lo aconsejo a nadie. Llega al límite de lo confiscatorio y no de lo disuasorio.

–¿El Gobierno ha actuado desde la improvisación o desde el desconocimiento?

–La pandemia ha cogido a todos de improviso. Ahora bien no es menos cierto que un gobierno debe anticiparse. Cuando todo se utiliza como excusa para incrementar sus atribuciones estamos ante una coartada. Pedimos el estado de alarma y gobernamos por decreto. Si lo hubieses previsto un mes antes se hubiera hecho de otra manera. A mí los gobiernos que esperan al último minuto para tomar decisiones y argumentan esa urgencia me parecen tramposos e ineficaces. Hay un nivel preocupante de hostigación, cada día se dice una cosa. En el ámbito normativo vemos una estrategia premeditada de testar los límites de tolerancia de la ciudadanía en las políticas de control.

–¿A qué se refiere?

–Cuando aparece el ministro de Justicia y dice que están estudiado el internamiento de los asintomáticos. Lo que hace es soltar un globo sonda, ver qué se dice y en función de eso se decide. El ministro del Interior aparece también monitorizando las redes en busca de mensajes de odio. Otro globo sonda para ver las reacciones sobre un primer intento del control informativo. Hay improvisación pero también una estrategia metódica para introducir en el debate propuestas de limitación de los derechos de manera gradual.

–¿Jurídicamente cómo se puede articular una desescalada que parece que no va a ser para todos igual?

–Se van a plantear interrogantes de criterio. Pero qué hacemos, que salgan los trabajadores a la calle y se queden niños y ancianos. ¿Lo hacemos por necesidad? ¿Los niños antes? Jurídicamente necesitas articular un mecanismo defendible, no puedes discriminar por su edad. A mí lo que me preocupa es el desconfinamiento jurídico. El Gobierno ha aprobado una serie de normas que modifican el ordenamiento jurídico, el sistema de libertades, la transparencia. La pregunta es si cuando salgamos de la emergencia médica esas normas van a desaparecer. Somos un país que hemos tenido códigos provisionales durante décadas.

–Lo normal es que sean temporales.

–Sería lo normal pero a los gobiernos a veces se les olvida que la situación de anormalidad ha terminado. El PSOE bramó contra la ley mordaza y ahora la está aplicando con absoluta tranquilidad. Cuando esto termine, el PSOE seguirá pidiendo que hay que derogar la ley de Seguridad Ciudadana o no, pues a lo mejor se le olvida. Las normas acaban quedándose y forman parte del ordenamiento. El PSOE echa la culpa de la falta de libertad al PP pero luego el beneficio lo recoge el que gobierna a continuación. PSOE y Podemos han logrado la adopción de una norma a un precio muy bajo. Entonces, ¿qué sentido tiene derogarla?

–¿La seguridad jurídica de los ciudadanos está garantizada con la geolocalización?

–La mejor garantía de que algo no pase es que no pueda pasar. Te dicen que todo es anónimo pero el dato lo tienen. Cuando algo técnicamente es posible, que sea jurídicamente imposible puede cambiar en cualquier momento. En un estado de derecho sólo se puede geolocalizar con una autorización judicial y por indicios de delito. Esto no lo puedes hacer con 47 millones de españoles y por las buenas. La pregunta no es sólo si es legal sino si es proporcional y no hay otra medida que pueda generar el mismo efecto sin limitación de los derechos. Saber si es indispensable y si se podía lograr lo mismo con otro mecanismo. El Gobierno se salta el test de constitucionalidad y de proporcionalidad de manera muy alegre.

–¿Es factible el desconfinamiento por autonomías?

–El estado de alarma señala que se establece en todo o en parte del territorio nacional, según el artículo 4, por lo que se podría derogar en parte. Se puede establecer una especie de control de movilidad intercomunitaria. Dudo que el Gobierno quiera hacerlo.

–¿La sociedad está a la espera, como si asumiera que es la situación que hora toca?

–España es un país donde los estándares de derechos y libertades son de los más elevados del mundo. Comparativamente altos y en cambio sufrimos la limitación de derechos más amplia. La reacción social ha tardado mucho en aparecer y entre determinados sectores académicos y jurídicos. Alguno empieza a decir que hay cosas indefendibles pero hay miedo entre la comunidad académica.