La eurodiputada del PSPV que cobró dietas irregulares del puerto sólo devuelve una parte
Rodríguez-Piñero abona 26.400 euros, pero no los primeros 13.600 que percibió y que, al haber pasado cuatro años, ya no se le pueden reclamar
«Atenderé cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa». El pasado ... 22 de noviembre la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero hacía público un comunicado en el que se comprometía a devolver las cantidades cobradas de forma irregular en su condición de miembro del consejo de administración del Puerto de Valencia.
La dirigente del PSPV respondía de esta forma al contenido de un informe jurídico elaborado por la Abogacía de la Generalitat que sostenía que la condición de diputado del Parlamento Europeo era «incompatible con la de vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia».
Una conclusión obvia, a la vista de la legislación que regula el Régimen Electoral General, y que establece que los diputados del Parlamento Europeo «no podrán formar parte de los órganos colegiados de dirección o Consejos de Administración de Organismos, Entes Públicos o Empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta».
El mismo informe detallaba que la percepción de dietas por asistencia al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria «también resulta incompatible» con la condición de eurodiputada.
Como consejera del Puerto, puesto que asumió en 2015, Rodríguez-Piñero ha venido cobrando dietas cuyo total ascendía, hasta el 30 de junio de 2023, a 40.000 euros. A la vista del informe de la Abogacía, la dirigente socialista decidió devolver las cuantías percibidas irregularmente.
¿Todas? No, todas no. Pese a que lo que refleja el informe de la Abogacía de la Generalitat es que todas las dietas percibidas por la eurodiputada fueron irregulares porque su percepción era incompatible con su responsabilidad en la Eurocámara, Rodríguez-Piñero ha devuelto solo una parte de esas dietas irregulares. En concreto, la dirigente socialista ha abonado a la administración autonómica un total de 26.400 euros, o lo que es lo mismo, ha evitado retornar a las arcas públicas los otros 13.600 euros.
La Ley del Sector Público señala que la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública se produce a los cuatro años
La devolución de esos 26.400 euros se produjo hace apenas unas semanas. «Atenderé cualquier reclamación de devolución de cantidades que proceda aplicar, en el caso de que no se hubieran ajustado a la normativa» decía en su nota del 22 de noviembre la eurodiputada.
Más aún. En mayo de 2021 Rodríguez Piñero firmó una declaración responsable por la que certificaba que no incurría en ninguna de las «causas de incompatibilidad para la percepción de dietas por asistencia personal o por representación a las sesiones» del órgano portuario.
A la hora de la verdad, no obstante, Rodríguez-Piñero ha optado por distinguir entre las dietas que cobró 'que le podrían reclamar' y las que no. De hecho, los 26.400 euros corresponden exactamente a las percibidas desde el año 2020 y hasta junio de 2023. Entre 2015 y 2019 la eurodiputada percibió los otros 13.600 euros -800 euros en 2015; 4.000 en 2016: 4.000 más en 2017; 3.200 en 2018 y 1.600 más en 2019-.
¿Y por qué no se le pueden reclamar? La explicación figura en la ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, aprobada en 2015, y que en su artículo 15 establece que la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat se produce a los cuatro años. Dicho de otra manera, la Hacienda Pública de la Generalitat no puede reclamar más allá de los últimos cuatro años. Es decir, 2020, 2021, 2022 y 2023.
En todo caso, lo que la eurodiputada socialista hace es devolver no todas las cantidades percibidas de forma irregular, sino únicamente aquellas contra las que se le podrían plantear una reclamación administrativa.
Cuando trascendió la incompatibilidad en la que había incurrido, Rodríguez-Piñero emitió un comunicado en el que dijo lamentar profundamente «esta situación absolutamente desconocida para mí y que contradice mi comportamiento intachable demostrado a lo largo de cuarenta años de servicio público». La dirigente socialista añadió además que «nunca, ninguna de las administraciones u organismos implicados me advirtió sobre una posible incompatibilidad».
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