Ex altos cargos siguen como titulares de cuentas del Consell pese a su cese

La advertencia, que según se des deprende del texto del órgano fiscalizador, se ha producido con anterioridad, no se ha subsanado a pesar de las alertas. De ahí que la Sindicatura haya incluido entre sus recomendaciones la de «revisar y actualizar todas las personas autorizadas en las cuentas bancarias a nombre de la Generalitat para evitar que quienes ya no ocupan un cargo puedan operar». Aunque no se presupone mala fe a quienes han abandonado la Administración y el organismo auditor no cuantifica cuántas personas están en esa situación, la anomalía supone una puerta abierta a fraudes como las que ya se han producido en la propia Generalitat o en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Valencia, por suplantaciones de identidad o ciberataques.

Los avisos han llegado ya a la Generalitat desde numerosos organismos como la Intervención o la Sindicatura. Y es que la gestión de la tesorería, según han desvelado ya varios informes está «expuesta a riesgos, entre los cuales se encuentran los de fraude o error en la realización de pagos» para lo cual, cada entidad debe adoptar medidas y establecer procedimientos que eviten o reduzcan estos riesgos, según alertaba el pasado año la Intervención General. Y es que, además, el sector público mueve una gran suma de fondos que se traduce en miles de operaciones bancarias que pueden dejar expuestas a estas firmas y acabar suponiendo una sustracción de fondos públicos como la que ya se vivió en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, o en el Instituto Valenciano de Atención a los Servicios Sociales (Ivass).

En el ejercicio anterior, en todas las entidades analizadas se constataron debilidades, debidas principalmente a la inexistencia de un procedimiento único para la correcta identificación, alta y mantenimiento de los datos. Pero también por la deficiencia de las medidas técnicas para identificar de manera segura al cobrador o pagador, y por la falta de una base de datos de proveedores y cuentas bancarias de pagos que puedan ser contrastadas y verificadas antes de llevar a cabo las operaciones.

Sin ir más lejos, en enero de 2021, el Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS), la empresa pública con la que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas gestiona los servicios sociales valencianos, perdió 100.000 euros mediante una estafa. En concreto, el robo se produjo a través de los procedimientos de pago a una de sus empresas proveedoras, de la que los estafadores habían suplantado la identidad con la falsificación de diversos documentos. Así, lo explicó en su día la directora general del IVASS, Noelia Martí, quien señaló que la cantidad sustraída se correspondía únicamente con el pago de una de las mensualidades a esta empresa. Es decir, la estafa se habría producido de un solo intento.

Una operación que se podría producir en cualquier entidad debido a los fallos de seguridad que los auditories alertan, si un estafador se hiciera pasar por uno de los ex altos cargos que aún aparecen como titulares de las cuentas de la Generalitat. Eso, unido a los cada vez más frecuentes ciberataques tiene a las administraciones en un escenario de continua alerta.

En su informe de este año, la Sindicatura insiste en lo que lleva ejercicios avisando. Y es que la Generalitat es vulnerable a los ciberataques y a los ciberdelicuentes por su número insuficiente de medios técnicos y personales para garantizar la seguridad en la información y los datos. El elevado volumen de operaciones y la ubicuidad de los sistemas de tecnología de la información en los procesos de generación de información financiera y presupuestaria exponen a la Administración de la Generalitat a una alta dependencia de sus sistemas de información yde su correcto funcionamiento. «Cualquier ineficiencia en el diseño y operación de los sistemas de información y de control interno puede poner en grave riesgo la operativa interna y los procesos de gestión para la prestación de los servicios a los ciudadanos. Además de los riesgos de origen interno, la Generalitat está expuesta cada vez en mayor medida a las amenazas provenientes del ciberespacio», dice.