Más de 30 excargos del PPCV, bajo el foco de Gürtel

«Sí, el PP valenciano se financió con dinero negro». Ricardo Costa se convirtió el pasado miércoles en el primer exdirigente de los populares de la Comunitat en admitir la financiación irregular de su partido. Sólo unos días después de que Francisco Correa le señalara a él como el responsable de los pagos en 'B' y del contacto con los empresarios que también habían admitido los hechos, el ex secretario general del PPCV decidió confesar. Admitió la financiación irregular y, de paso, descargó toda la responsabilidad en Francisco Camps. El expresidente popular se apresuró a comparecer en público para desmentir los hechos y para subrayar que el propio Costa siempre había negado, hasta ese 24 de enero, que el PPCV se financiara al margen de la ley.

La contradicción entre el que fuera el líder del partido y su hombre de confianza -Costa fue secretario general y portavoz parlamentario- da una nueva dimensión a las declaraciones de los testigos que tienen pendiente desfilar por la Audiencia Nacional. Más de una treintena de los más destacados dirigentes del PP valenciano, de la etapa dirigida por Francisco Camps, están llamados a comparecer ante el tribunal que preside José María Vázquez Honrubia. Declaraciones que deben contribuir a concretar los hechos revelados por Costa o, en su defecto, a ratificar la tesis de Camps respecto de que el PPCV se financió de forma legal, y que los supuestos pagos en 'B' jamás existieron.

Esa treintena de declaraciones -salvo que las partes que las proponen opten por retirar la petición de esos testimonios tras la confesión de empresarios, cabecillas de la trama y el propio Costa- retratan al PPCV dirigido por Camps. Por la Audiencia Nacional pasará la cúpula de un partido que, durante los años investigados (2007 y 2008) fue considerado como una máquina electoral que encadenaba mayorías absolutas sin esfuerzo y que lograba apoyos superiores al 50% de los votos.

La más jugosa, la declaración que genera máximas expectativas, es la del expresidente Francisco Camps, prevista según el calendario facilitado por el tribunal para el próximo 7 de marzo. La confesión de Costa ha situado al expresidente bajo todos los focos, y hasta Anticorrupción se plantea la posibilidad de abrirle una nueva pieza como consecuencia de lo revelado por su exnúmero dos -adjudicaciones de obra pública a las empresas que han reconocido que financiaron al partido-. El debate generado en Les Corts respecto a su continuidad como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y la posición de su partido, que se limitó a abstenerse en esa votación, contribuyen a que el testimonio del expresidente popular se haya convertido ya en el gran punto de atención de los testimonios pendientes en la causa.

Gracias a la confesión de Costa, otras dos declaraciones son especialmente esperadas en este juicio. El exnúmero dos explicó el pasado miércoles que en 2006, el entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, le citó en su despacho, «donde me mostró unos sobres con dinero en efectivo y me comentó que era de empresarios que tenían relación con la Administración o que querían ayudar al partido y que era un encargo de Francisco Camps y Juan Cotino, que era conseller en el Gobierno valenciano». Cotino está citado a declarar el mismo día que Camps. Campos lo hará justo la víspera.

El caso del expresidente de Les Corts resulta más significativo si cabe, porque a su condición de investigado en otra de las piezas pendientes de Gürtel, la de la visita del Papa, suma su condición como uno de los responsables políticos del PPCV que más poder acumuló y más influencia tuvo sobre Francisco Camps.

En la relación de nombres valencianos que tienen pendiente declarar, figura también el del exconseller Rafael Blasco, actualmente en prisión tras ser condenado por el caso Cooperación y con otras tres causas pendientes -Abucasis, Contratos de Informática y las otras dos piezas de Cooperación-.

La declaración de Costa incluyó referencias a tres exalcaldes populares: Sonia Castedo, Alberto Fabra y Adela Pedrosa, a los que vinculó con actos organizados por la trama con dinero de procedencia irregular. Sólo esta última, que fue la secretaria general del PP valenciano inmediatamente anterior a Costa, está llamada a declarar como testigo. Álvaro Pérez, el máximo responsable de Orange Market, llegó a decir que había trabajado muchísimo con Pedrosa, y «que, aunque ella se escurría mucho, era la secretaria general y Ricardo Costa -entonces vicesecretario general- recibía órdenes de Pedrosa». El Bigotes se mostró convencido de que la actual senadora popular «tenía que estar al corriente» de las formas de pago.

De entre los testimonios pendientes, uno de los que concita más atención es el de Ana Michavila. No porque se haya visto ni de lejos salpicada en este proceso -aunque abandonó su puesto como jefa de gabinete de Camps pocos meses después de que estallara Gürtel en febrero de 2009-, sino porque desde aquella fecha (llevaba acompañando a Camps desde 1999) ha logrado mantener el mismo perfil prudente y reservado que le caracterizó durante su etapa al frente de la sala de máquinas del Palau de la Generalitat. Álvaro Pérez sí que se refirió en su declaración a la hermana del exministro José María Michavila, pero únicamente para hacer alusión al poder que ejercía.

También está llamada a declarar otra de las personas de máxima confianza de Camps durante su mandato, la que fuera secretaria autonómica de Comunicación Nuria Romeral.