El exconcejal Mendoza pide declarar por el blanqueo y desata el nerviosismo en el PP

Movimientos en la investigación a medio centenar de cargos populares por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP. La causa permanecía 'dormida' en el juzgado de Instrucción 18 de Valencia al considerar Anticorrupción que las diligencias están agotadas. La fiscalía únicamente espera que el juzgado dicte el auto de incoación de procedimiento abreviado, una resolución que supone el procesamiento de los ediles y asesores investigados y da traslado al fiscal para que califique los hechos. Anticorrupción sostiene que existen suficientes indicios para sentar a los investigados en el banquillo.

En este estadio de la investigación, la petición ayer de Alberto Mendoza generó cierta inquietud en el PP de Valencia cuyos miembros desconocían la solicitud que había tramitado su excompañero.

El movimiento de Mendoza ha desatado todo tipo de especulaciones entre algunos investigados ante las supuestas intenciones del que fuera concejal en la última etapa de Rita Barberá. Esta modificación de la estrategia del edil coincide a su vez con el sorpresivo cambio de letrado. Al parecer, decidió sustituir recientemente al abogado que ha llevado todo el procedimiento. El juez no tiene otra opción más que aceptar su petición.

El relato de defensa de los investigados ha sido idéntico. Todos han admitido que colaboraron con el partido donando 1.000 euros para la campaña de 2015, pero negaron que les devolvieran esa cantidad. La colaboración la hicieron porque la exsecretaria del Grupo Municipal del PP, Mari Carmen García Fuster, se lo pidió. Pensaron que era una forma de ayudar a la formación.

Esta versión encuentra sus puntos débiles en el pinchazo telefónico a María José Alcón, la mujer de Alfonso Grau que falleció durante esta instrucción. En el audio interceptado por la Guardia Civil, según confiesa la propia Alcón, se admite la devolución del dinero. «Corrupción total», llegó a decir. Además, existe otra investigada que sí confesó que le devolvieron el dinero y que cuando recapacitó y se negó a aceptarlo, García-Fuster se lo rechazó. De igual modo, la causa cuenta con cuatro testigos, la mayor parte relacionados con el exvicealcalde Alfonso Grau -también investigado en esta pieza por el delito electoral de 2007 y 2011– que se negaron a donar al sospechar de la posible comisión de un delito.

Mendoza ya no tiene ninguna relación con el PP de Valencia. Ni es edil ni asesor. Ha montado un despacho profesional de asesoría. Esta posición, de independencia con la formación política, le confiere más libertad a la hora decidir su propio destino. Una colaboración con la Fiscalía Anticorrupción podría resultarle muy beneficiosa porque, en caso de que sus afirmaciones apuntalaran los indicios de criminalidad con los que cuenta el fiscal, se le podría aplicar la atenuante de confesión.

LAS PROVINCIAS contactó ayer con Mendoza. El exedil indicó que la petición de declarar parte de su abogado y que persigue el avance del proceso tras meses de inactividad. Mendoza explicó que quiere reforzar el testimonio que ya prestó en su día cuando manifestó que sacó 1.000 euros de una cuenta y los ingresó en efectivo en la del partido. Esto lo hizo para que no le cobraran comisión por operar online.

En contra de varios investigados figuran los extractos de las cuentas bancarias. Son varios -Mendoza está excluido–los que tienen ingresos en efectivo días después de la donación. Anticorrupción mantiene que ese dinero fue el que le devolvió García-Fuster y pese a las indicaciones de esta de que no acudieran al banco, algunos desobedecieron y lo ingresaron. Determinadas excusas que ofrecieron ante el juez resultan peregrinas a ojos de los investigadores, como el caso de Alfonso Novo que declaró que el ingreso procedía del dinero de una hucha. Eran casi 700 euros en monedas.