La exdiputada de Turismo también dudó de las contrataciones en Divalterra

Pilar Moncho, exdiputada de Turismo de Compromís, también dudó de las contrataciones de altos directivos de la empresa pública Divalterra. Lo hizo en el momento que se iba a incorporar a Pau Pérez, uno de los altos cargos salpicados en el caso Alquería, el sumario que mantiene como investigado al expresidente de la Diputación Jorge Rodríguez. 

Moncho declaró recientemente en el juzgado como testigo respecto a su papel en este proceso. Se le preguntó acerca del encargo de este dosier, pero le dijo al juez que no lo recordaba. De inmediato, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la empresa pública que le informara acerca de si a través de algún cargo de la entidad o sus gerentes –en aquel entonces estaban Agustina Brines y Xavi Simó– se había pedido un dictamen de esta naturaleza.

La empresa Divalterra -heredera de la antigua Imelsa, foco de la corrupción del PP con Alfonso Rus– contestó recientemente al juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que instruye las diligencias. La empresa pública ha certificado que Moncho sí pidió ese dosier sobre las relaciones del Patronato de Turismo con Imelsa precisamente ante el temor de que se pudiera cometer una cesión ilegal de trabajadores, según fuentes judiciales. De hecho, la fiscalía pidió hace unos meses al juzgado que remitiera parte del contenido de la causa a la Inspección de Trabajo para que analice el trasvase de trabajadores de Divalterra a la Diputación de Valencia, tal y como informó LAS PROVINCIAS. La solicitud contaba con el visto bueno de Agustina Brines, responsable de Compromís.

La petición de la acusación pública, que todavía no ha sido resuelta por el titular de Instrucción 9, consiste en que se traslade a Trabajo la declaración que en su día prestó Pau Pérez junto al informe de la Intervención General del Estado. El investigado, uno de los altos cargos fichados por su afinidad con los dos partidos que dirigían la empresa pública (PSPV y Compromís) explicó en el juzgado que él, en realidad, no trabajaba para Divalterra, aunque era esta la que corría con su nómina de unos 60.000 euros mensuales. El fiscal encargado de las diligencias cree que este supuesto constituye una cesión ilegal, prevista en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

La realidad es que la empresa pública no tenía competencias en materia de Turismo. Únicamente era el 'pagador' de los salarios de los trabajadores del patronato de Turismo de la Diputación. De hecho, tal y como el propio Pau Pérez explicó le resultaba sorprendente que le pagara Divalterra cuando él no prestó ningún servicio para la firma.

La causa se encuentra en una fase avanzada de la investigación. El fiscal cuenta ya con prácticamente toda la documentación necesaria para elaborar un escrito de calificación.

Las defensas han recurrido la denegación de algunas testificales a la espera de que los principales investigados en el expediente, Rodríguez y su núcleo duro de colaboradores, declaren en el juzgado. Los investigados tuvieron la ocasión de hacerlo tras la operación policial, pero se acogieron a su derecho a no declarar al estar la causa bajo secreto. De todos modos, un imputado puede solicitar declarar en cualquier momento. Estas comparecencias, en caso de que finalmente se produzcan, pondrían punto y final a la causa.