Un exedil del PP sitúa a Grau en el centro de la financiación irregular del partido

El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Eduardo Santón declaró ayer por la mañana ante el juez durante cerca de dos horas como imputado por cohecho, malversación y delito electoral por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Este investiga la financiación de las campañas electorales del PP en los comicios municipales de 2007 y 2011 a través de la empresa organizadora de los actos del partido, Laterne. El que fuera dirigente popular, que declinó hacer declaraciones a este diario, situó al exvicealcalde del consistorio Alfonso Grau en el centro de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular al asegurar, según fuentes conocedoras del caso, que «todos» los contratos pasaban por él y que las fundaciones municipales que financiaban a Laterne estaban bajo la tutela del ayuntamiento.

Grau, por su parte, también tenía que declarar ayer ante el juez después de Santón - a ambos se les imputan los mismos delitos-, pero se acogió a su derecho de no hacerlo porque, como apuntan las fuentes consultadas, está pendiente de que se resuelva el recurso que presentó contra la prórroga de 11 meses de la causa aprobada por el juez. Plazo en el que el magistrado espera disponer de un informe pendiente de la Guardia Civil, así como de las previsibles diligencias que, como consecuencia de su contenido, puedan ordenarse.

El que fuera número dos de Rita Barberá llegó ayer a la Ciudad de la Justicia a las 11.45 horas acompañado de su abogado y en la puerta del edificio aseguró a los periodistas que allí le esperaban que no pensaba hacer declaraciones ni antes ni después de su comparecencia. «¿Queda claro?», les preguntó a los profesionales y les instó después a «no perder el tiempo» con preguntas.

Según el auto por el que se le citaba a declarar ayer, el informe elaborado por la Guardia Civil concluía que en 2006 Grau y el empresario Vicente Sáez Tormo, ya fallecido, «convinieron en utilizar el entramado empresarial» de este último para «sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros con motivo de las elecciones municipales de 2007». El primer procedimiento para canalizar las entregas de dinero, según el informe, fue el de aportaciones económicas provenientes de fundaciones y organismos participados o vinculados al Ayuntamiento de Valencia y que no obedecerían a servicios efectivamente prestados por Laterne u otras empresas del grupo de Sáez.

El informe cita, en este grupo de fundaciones y organismos, al Centro de Estrategias y Desarrollo de València (CEyD), al frente del cual estuvo Juan Eduardo Santón; Feria Valencia, Turismo Valencia Convention Bureau y Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento (Fivec).

Según las fuentes consultadas, el interés del juez se centró ayer en conocer los trabajos que llevaron a cabo estas empresas y por ello incidió en dos conceptos, si disponían de material o si había algún escrito sobre los contratos. Aunque indicaron que Santón había olvidado algunos detalles y no pudo aclarar mucho, las fuentes señalaron que el exconcejal afirmó que «todos» los contratos pasaban por Grau y que, pese a ser consideradas fundaciones privadas, los contratos pasaban por técnicos municipales también y no se pagaba nada si no los había consignado el Ayuntamiento. Estas manifestaciones, según conocedores del caso, evidencian que parecían fundaciones municipales, cuyo objetivo era «desviar fondos y no tener ningún control».

Santón contó que recordaba que se negó a pagar una factura de 200.000 euros porque le pareció que «no respondía a nada», aunque luego fue rectificada y se abonó, además dijo que se contrató con esa empresas porque ya trabajaban con el Ayuntamiento y las recomendó Grau.

Las fuentes apuntaron que el exconcejal consideró que para él todas las empresas le parecían «lo mismo», como un «conglomerado» e indicó que el objetivo de la investigación es saber por qué se contrató con un mismo concepto con empresas de diferente nombre pero que supuestamente eran del mismo grupo empresarial. Estos hechos se relacionan con el origen de fondos ocultos de los que pudiese disponer el grupo municipal del PP de València o alguno de sus integrantes o responsables para hacer devolución de las aportaciones de mil euros investigadas durante la campaña de 2015, según el citado auto.

En la misma causa, también han sido citados como investigados el exgerente del PP provincial de Valencia José Moscardó y la tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, que declararán el 16 de octubre.