El exgerente de Ciegsa sobre los 'zombis': «Algunos cobraban en un sobre»

La vista ha arrancado con la testifical de Enrique Grau, el exdirector jurídico de la empresa Imelsa. Este profesional no se encuentra imputado ya en ninguna de las piezas de la macrocausa de Imelsa. Libre de toda sospecha, ha comparecido este lunes. Fue el encargado de comunicar los despidos que Benavent acometió nada más llegar en la sociedad porque durante apenas unos meses fue el responsable de Recursos Humanos. «No recuerdo si me preguntaron si podía haber asesores», ha admitido. «Tampoco vi que fuera algo que no pudiera hacerse porque se hizo en la etapa anterior». Grau ha señalado que existía esa necesidad de que los consejeros fueron auxiliados porque la empresa tenía una gran y diversa actividad.

Grau ha explicado que con Benavent cambió la forma de justificación del Presupuesto y no había una revisión por parte de la Intervención, tal y como ocurría en la etapa anterior. Pero tampoco ha podido aclarar con detalle todas estas cuestiones. Más sombras que luces en una confusa testifical.

El testigo era el responsable de la contratación pública en Imelsa. Pero no tenía responsabilidad, según ha dicho, en las incorporaciones de asesores y otros departamentos, como los responsables de Recursos Humanos y Financiero. A Grau no le extrañó los pagos de la productividad. Él mismo llegó a cobrarla. Se le ha preguntado también acerca de las dietas porque él participó en la negociación del convenio de 2007.

Imelsa cambió el programa informático que gestionaba todo lo de la mercantil. Dentro de la partida de gasto corriente no había un desglose por departamentos, tal y como ha detallado. Tampoco existía una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la compañía. "Eso era más propio de la Diputación". El testigo quiso aclarar que nunca nadie le transmitió que los asesores no estuvieran desempeñando su función.

José Villar es el exgerente de Ciegsa, la empresa dedicada a la construcción de colegios en la Comunitat. Allí llegó en 2016 y se fue en 2017. El responsable ha informado que no hubo proceso de selección con los famosos zombies sino que se hizo a través de una ETT. "No se cumplieron los procesos de acceso, tampoco tenían correo electrónico ni teléfono, carecían de un puesto de trabajo físico y en algún caso se les pagaba en un sobre", ha rematado. Más adelante, sin embargo, ha concretado que sólo era un supuesto al menos de los cuatro acusados. Pero el listado de zombis de la Generalitat fue en un principio mucho más amplio que este cuarteto final.

La Abogacía de la Generalitat ha interrogado al gerente. Respecto a Antonio Gil, un habitual en las Nuevas Generaciones del PP, y a Juan Sanchis ha indicado que fueron propuestos por Máximo Caturla. "Nunca se les dio poderes pese a que eran contratos de alta dirección". Villar ha subrayado que cuando llega a la empresa nadie recordaba que los 'zombis' hubieran trabajado. Otro asunto importante ha sido el local de la calle Pizarro. "Se pagaba un alquiler pero no se desarrollaba ninguna actividad relacionada con los colegios", según le indicó la directora de Administración de Ciegsa.

José Ramón Ruiz era el encargado de la supervisión de las obras en los colegios públicos. Su testimonio no ha aportado nada relevante al tribunal. Más interesante ha resultado, en cambio, Javier García Llibreros, otro exgerente de Ciegsa. Ha asegurado que se le impidió asistir al consejo de administración a partir de 2003. "Me relegaron a un despacho a otro piso. a mí ya no se me invitó, no sé si venía de parte del conseller o de quien convocaba el consejo...". Posteriormente fue despedido. Sí ha recordado, no obstante, que Máximo Caturla, consejero delegado de Ciegsa, tenía una especial capacidad de mando.