El exgerente de Imelsa justifica los contratos a cargos del partido: «Se ha hecho 20 años»

José Ramón Tiller utilizó una excusa demasiadas veces repetidas en los juzgados de Instrucción: «Esto siempre se ha hecho así». Como si la redundancia en un hecho le restara gravedad. El primer cogerente de Imelsa con la salida del PP -la denominación se cambió a Divalterra para liberar a la firma del estigma de la corrupción- declaró ayer como investigado ante el titular del juzgado de Instrucción 9 de Valencia, que investiga la contratación irregular de directivos en la empresa pública, siempre personas afines al PSPV y Compromís.

El exdirigente admitió la incorporación de tres directivos durante su gestión. Tiller declaró que había informes a favor de esas incorporaciones que sí se consideraban como puestos de alta dirección con todas las características propias de una responsabilidad de ese tipo. Los dosiers en contra de las contrataciones se produjeron después de su salida, al parecer, cuando la dirección de la empresa impulsó la llegada de otros siete altos cargos. Por eso, indicó que desconocía la existencia de pronunciamientos en contra de esos 'fichajes'. No ocultó que supiera que los 'fichajes' (Femenia, Carot y Ferri, también imputados en esta causa) eran afines al partido socialista. Pero fue entonces cuando trató de restarle importancia: «Se había hecho a propuesta del partido durante 20 años y no había pasado nada», manifestó al juez. El marco temporal remite, sin duda, a la etapa de Alfonso Rus al frente de la Diputación de Valencia, que terminó con su detención en febrero de 2015, y la de Marcos Benavent como máximo responsable de Imelsa.

La declaración, en la que no ha contestado a la acusación particular del PP, se prolongó durante unos 20 minutos. Al parecer sí se produjo una contradicción con lo expresado en su día por Femenia cuando dijo que Tiller le llamó para ofrecerle el puesto. El investigado explicó que él no efectuó esa llamada y que le llegaron cerca de una decena de curriculums. Tiller subrayó que el entonces presidente de la Diputación Jorge Rodríguez era conocedor de todas estas incorporaciones. La causa arrancó por una denuncia de trabajadores de la empresa a la que se sumaron PP y Ciudadanos. La investigación de la Udef, ratificada por otros informes como el de la Intervención del Estado, apunta a diversas irregularidades para colocar a los nuevos directivos, vinculados a partidos políticos. De hecho, tres miembros de la coalición nacionalista de Compromís aumentaron sus aportaciones económicas al partido a raíz de su llegada a la firma. Todos, sin excepción, vieron además cómo sus nóminas se disparaban notablemente frente a sus ocupaciones anteriores.

La Fiscalía denunció que el presidente Jorge Rodríguez había creado un gobierno paralelo al consejo de administración de Divalterra para evitar que esos altos cargos pasaran por el órgano de control de la firma. Rodríguez, tras estallar el caso, fue expulsado del PSPV, pero se presentó con un nuevo partido a las municipales de Ontinyent y obtuvo la mayoría absoluta.