La ex mano derecha de Oltra: «No declararé hasta que conozca el contenido de la pieza secreta»

Unos 20 minutos más tarde abandonaba la sede judicial cumpliendo lo que ya adelantó hace unos días en su escrito: que no iba a declarar si continuaba la pieza de los correos electrónicos bajo secreto. Pese a su comunicar sus intenciones con antelación, el titular de Instrucción 15 mantuvo su citación para que compareciera y expresara su decisión.

El exjefe de gabinete ha atendido a los medios de comunicación: «No tengo ningún problema en acudir cuando el juez me cite, pero ante la petición de nuevas pruebas por parte de la extrema derecha hasta que no conozcamos el contenido de esa parte secreta no prestaré declaración».

Real ha pedido que se le cite nada más se levante esta medida excepcional que únicamente permite al juez y al fiscal conocer el contenido de esa investigación. El exjefe de gabinete no ha querido responder ante la pregunta de si piensa que parte del contenido de esa pieza secreta le puede comprometer.

La postura de Real y su letrado es la habitual en cualquier procedimiento. El desconocimiento de parte del sumario puede afectar al derecho de defensa del investigado. Cualquier afirmación podría en un futuro ponerse en cuestión con alguno de los correos electrónicos y necesitar de una aclaración o interpretación.

El papel de Real resulta clave en la supuesta trama alrededor de la gestión de la denuncia de abusos sexuales contra el ex de Oltra. El exjefe de gabinete fue la primera persona que conoció la existencia de la investigación al docente Luis Ramírez Icardi. Se enteró porque fue la propia Oltra quien le llamó inmediatamente después de que Icardi le comunicara a Oltra -no eran pareja pero aún compartían piso- que habían recibido una comunicación judicial en casa.

El responsable fue la correa de transmisión de la orden de Oltra de que se averiguara qué había pasado en la conselleria, siempre que se tome como cierta la segunda de las versiones de la investigada. En la primera, ante un grupo de periodistas, aseguró que fue ella la que dio la orden de ese expediente.

Francesc Gamero, el subsecretario, fue el que supuestamente siguió las directrices de Real para la apertura de ese expediente, un dosier que terminó en un ataque contra la credibilidad de la menor. Sólo las personas al margen del departamento de Igualdad creyeron a la víctimas de los abusos. Gamero debe acudir al juzgado unos días más tarde, el próximo 18 de enero. Todavía se ignora si adoptará la misma decisión de Real.

La pieza secreta aborda los correos que se enviaron los diferentes responsables de la conselleria ahora investigados, entre ellos Oltra, relacionados con este asunto. Pero no se trata de una intromisión masiva sobre la privacidad de estas personas. El fiscal propuso ciertos criterios para acotar esa violación de la privacidad.

El primero era el temporal. Los mails analizados deberán comprender el periodo del 20 de febrero de 2017 hasta el 23 de marzo y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre de ese mismo año.

La primera fase es la investigación de la denuncia en el centro de menores y en la Conselleria de Igualdad. La segunda abarca la supuesta orden de Oltra del expediente informativo hasta la elaboración del polémico dosier de descargo, ahora criticado por la Justicia.

La segunda de las directrices establecidas por el juez fue la material. Los mails tendrán que hacer referencia «explícita» a los hechos denunciados por Teresa Tanco, la víctima de los abusos, y a las actuaciones que se generaron en el ámbito administrativo a raíz de la denuncia. La Generalitat era la tutora de la joven que ha estado desde los tres años de edad en centros de protección de menores.

Por último, la tercera de las condiciones era la personal. Las comunicaciones para analizar son aquellas en las que aparezcan los propios investigados. Es decir, que quedarán fuera de la diligencia los correos en los que participen personas ajenas a la investigación. Además, diferentes acusaciones han pedido la frecuencia de llamadas entre Oltra y su exmarido justo después de conocerse la existencia de un proceso judicial contra el docente.