El expresidente del Puerto de Castellón, imputado en un caso derivado de Erial

La titular del juzgado de Instrucción 6 de Castellón ha mantenido durante meses el caso bajo secreto, una medida excepcional que ha terminado recientemente. Entre las nuevas indagaciones, destaca un informe de la UCO donde citan como investigado en sede policial al que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Juan José Monzonís. El motivo: un contrato a favor de Valora Energia, empresa donde Castelló era socio.

Monzonís declaró ante los agentes acerca de esta operación. Admitió que tuvo relación con el entonces conseller de Industria como presidente de la APC. Tras esa etapa, manifestó a los investigadores: «No me he reunido con él y ni siquiera mantuve relación». El entonces responsable del recinto aseguró que desconocía el proyecto adjudicado a la mercantil de Castelló.

El socio del exconseller en Valora Energía también ha declarado como investigado. No dio muchos detalles acerca de la empresa, un negocio «fracasado» de consultoría energética que apenas recibió proyectos, más allá del de la Autoridad Portuaria de Castellón. «Nos dimos cuenta de que estas consultorías las hacían empresas más grandes», se justificó.

La UCO sospecha de esa iniciativa para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. De hecho, manejan indicios de que se adjudicó por un importe superior al coste real de los servicios, circunstancia que generó una plusvalía a la mercantil. La sociedad, por otra parte, carecía de trabajadores.

Las investigaciones de los agentes también han tenido consecuencias para concejales e incluso alcaldes de municipios de la provincia de Castellón donde Elecnor obtuvo contratos. Por ejemplo, entre los imputados -en diligencias policiales- figura José Luis Jarque, alcalde de Vilavella. De igual modo, varios directivos de la empresa beneficiada también han sido citados por los especialistas de la UCO. Se acogieron a su derecho a guardar silencio.

Las pesquisas judiciales culminaron hace un mes con el registro de una vivienda y empresas de uno de los investigados aparte de la documentación recogida por los agentes en diferentes Ayuntamientos. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, se ha hecho cargo de esta investigación.

Castelló tenía la empresa Inversiones y Servicios Gesfyan. Toda su familia formaba parte de la mercantil. Él y su mujer sumaban el 80%; el resto una de sus hijas. Recibió 150.000 euros de Elecnor, firma que a su vez participaban en la empresa Guadalaviar, adjudicataria de cinco zonas del plan eólico, investigado en Erial.

Se da la circunstancia de que la hija del conseller era la única trabajadora de Gesfyan, la mercantil bajo sospecha. El sumario apunta a que cobró 113.000 euros en nóminas, una cantidad sorprendente para una persona que por aquel entonces estaba estudiando en la universidad (2009-2015).