El expresidente de À Punt firma el informe de Les Corts que avala un convenio con la televisión

Enrique Soriano presidió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación desde su creación hasta el pasado mes de enero. Su adiós al cargo fue para él una liberación, según decía en privado, pues la CVMC generaba un trabajo enorme y controversias públicas por doquier. Un desgaste personal tremendo y de alto riesgo político y jurídico. Hacia más de un año que se quería volver a Les Corts, donde tiene su plaza de letrado. Pero Soriano, que llegó a la cúpula de la televisión valenciana a propuesta del PSPV, le deben de quedar ganas de vivir intensamente. Volvió al puesto de letrado en Les Corts del que salió hacia la televisión pública. No es el único jurista que hay en el parlamento valenciano, lo cual convierte en una perversa casualidad, que sea precisamente él quien firma el informe jurídico que avala un convenio que la Cámara pretende rubricar con À Punt con el fin de recibir servicios de índole audiovisual y abrir la puerta a que el parlamento valenciano patrocine contenidos televisivos. Dicho convenio, por su vertiente económica, generó suspicacias por parte del PP, que pidió los informes que Soriano se ha encargado de elaborar.

El vicepresidente segundo de Les Corts, el popular Jorge Bellver alertó de ese trato cuando llegó a la Mesa del parlamento, un acuerdo por el cual la Cámara pagará al menos 74.000 euros a À Punt por una serie de servicios y de elaboración de informaciones. Bellver se preguntó si podría ser un modo encubierto de financiar a la televisión valenciana. El vicepresidente segundo de la Cámara solicitó que los servicios jurídicos del parlamento elaborasen un informe que avalasen el proceder de Les Corts.

¿Y entre todos los letrados, juristas de reconocido prestigio, que trabajan para el parlamento valenciano, cuál ha sido el que ha elaborado el informe que da el visto bueno a esa colaboración que se va a establecer con tanta generosidad por parte de la Cámara? Soriano. Media docena larga de letrados y es precisamente el que ocupó el puesto de presidente de la CVMC el encargado de elaborar el argumentario legal para que salga adelante la propuesta. Para que luego digan que las casualidades no existen.

Desde luego, nadie como Soriano para conocer los vericuetos legales de por qué sí, o por qué no, una institución pública puede pagar, o no, a la televisión pública de todos los valencianos para que informe sobre lo que ocurre en Les Corts. En cualquier caso, el expresidente de À Punt ni siquiera es el letrado encargado de tutelar la actividad de la comisión sobre la televisión que periódicamente celebra Les Corts. La coincidencia final ha provocado la perplejidad entre miembros de la oposición, que entienden que el parlamento y el propio Soriano han hecho equilibrios sin disimulo y con cierta temeridad en el campo de la incompatibilidad y el conflicto de intereses.

La implicación emocional de Soriano, ahora letrado, respecto a la televisión pública valenciana, antes presidida por él mismo, se puede imaginar. Entre él, Empar Marco y media docena de personas más pusieron en marcha todo el engranaje de À Punt, partiendo de cero y con muy poca ayuda. Esa televisión que, además, precisa de ingresos porque el Botánico prefiere no incrementar su presupuesto, al menos de manera oficial y directa.