El exsubdelegado del Gobierno reclama a la Guardia Civil que pague el impuesto del Mercedes que le incautaron

El político, una referencia dentro del PSPV, ha explotado tras más de seis meses investigado en el sumario del caso Azud, una supuesta trama de corrupción urbanística que se sustentaba en el pago de comisiones. Los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la vivienda y le incautaron un vehículo personal, un Mercedes.

Desde aquel momento, la juez del Instrucción 13 de Valencia atribuyó el uso del automóvil a los agentes. Estos coches se utilizan habitualmente en vigilancias y otros dispositivos especiales porque son modelos menos comunes.

Esta semana el Ayuntamiento de Valencia ha remitido el impuesto de circulación a los residentes de la ciudad. Un gravamen que depende, entre otras circunstancias, de la potencia del vehículo. El importe en el caso de Rubio es de 135 euros.

Pero el que fuera subdelegado no está dispuesto a correr con ese tributo porque se ve imposibilitado a usar el coche. De hecho, al parecer, utiliza el de un familiar para desplazarse en caso de necesidad. El exdirigente, que es funcionario en el Ayuntamiento de Valencia, se incorporó hace meses a su puesto en la oficina técnica Devesa-Albufera.

Rubio ha trasladado al juzgado su malestar por tener que hacer frente al impuesto. De hecho, pide al juzgado que contacte con los agentes de la Policía Judicial para que hagan las «gestiones necesarias» para que procedan a sufragar el gasto o en caso contrario que se tramite su exención hasta que el citado vehículo regrese a manos de su propietario.

Aparte de este automóvil, también le fue requisado un Ford Kuga. Parte del supuesto dinero, «fondos sucios», según la UCO, se emplearon en la compra de este coche. Al menos, unos 10.000 euros.

No pocos compañeros de la clase política mostraron su asombro por la detención y posterior entrada en prisión provisional de Rubio, que había sido uno de los principales azotes contra la corrupción en los años más duros para los populares.

Uno de los episodios bajo investigación se produce en 2007, cuando comenzó a recibir el presunto soborno por parte del empresario Jaime Febrer, Rubio abrió una caja de seguridad y comenzó a ingresar dinero en pequeñas cantidades en sus cuentas bancarias, compartidas con su mujer, también investigada.

Anticorrupción sospecha que Rubio usó el conocido como método del pitufeo para tratar de reintroducir su comisión de al menos 300.000 euros en el circuito económico. Se trata de efectuar pequeños ingresos espaciados en el tiempo para no hacer saltar las alarmas. Se puede hacer individualmente o por un grupo de personas. Su imputación no es sólo por delito de blanqueo, sino también por cohecho y prevaricación, según se recoge en el sumario.