La Diputación reserva un millón para pagar a los abogados del caso Alquería

Fue el primer asunto relacionado con corrupción que salpicaba al PSPV y Compromís. Una auténtica bomba en la organización socialista. El caso se cerró con la exculpación de todos los acusados tras una instrucción que, por lo menos, no se eternizó como sí ha ocurrido en otros casos de corrupción. El ejemplo más evidente y actual es el sumario de Azud.

Pero la causa arrastra una derivada todavía sin cerrarse: el coste de las defensas. Los absueltos, como miembros de una empresa pública y en algún supuesto como altos cargos de la Diputación, tienen derecho a ser indemnizados con los honorarios de sus letrados. Es decir, el ejercicio de una labor en la empresa pública o la corporación provincial no debería de afectar a su patrimonio cuando la acusación no ha sido probada. Exactamente igual a lo que sucede en la Generalitat o en el Ayuntamiento de Valencia, que suman varios supuestos idénticos.

Los letrados han comenzado a presentar sus facturas en la Diputación de Valencia. La mayoría se mueve en el entorno de los 140.000 euros. Al margen de la instrucción hay que recordar los cerca de tres meses de juicio más las altas indemnizaciones que reclamaba, por ejemplo, el Partido Popular.

Al margen de Rodríguez también se sentaron en el banquillo de los acusados el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el asesor Manuel Reguart y los dos exgerentes de Divalterra (antigua Imelsa), Agustina Brines (por Compromís) y José Ramón Tiller (por el PSPV). Además de todos aquellos que, según las acusaciones, fueron incorporados evitando los procedimientos de control que deben imperar en las empresas públicas. En total, 14 personas.

Imelsa contaba con un seguro que puede afrontar el pago de la mayoría de las facturas. El supuesto de la Diputación es diferente. Pero, en cualquier caso, la Corporación ya ha reservado 1,3 millones de euros para hacer frente a estas cantidades. Más tarde se reclamará esta cantidad a las aseguradoras. Desde el equipo de Gobierno apuntan a que la cantidad final rondará los 90.000 euros por letrado. El Consell Jurídic Consultiu (CJC), por otra parte, debe hacer un informe acerca de estas reclamaciones. En cualquier caso, el dinero no se abonará hasta finales de este ejercicio.

La propuesta se llevó el pasado martes a la Comisión de Hacienda de la Diputación. Fuentes del departamento informaron del voto a favor de todos los grupos salvo Compromís. La formación nacionalista se abstuvo pese a que la cantidad afecta a una de sus afiliadas. El PP ha pasado de pedir ocho años de cárcel a votar a favor de que se pague a sus representantes legales.

El caso Alquería fue clave en las negociaciones que permitieron al PP, de la mano de Vicent Mompó, presidir la Diputación de Valencia. El grupo de Ens Uneix, liderado por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se negó a pactar con el PSPV como venganza por el trato que los implicados socialistas habían recibido de la organización, entonces liderada por Ximo Puig. De ahí que Ens Uneix decidiera aliarse con los populares a cambio de inversiones de 15 millones de euros en la comarca de la Vall d'Albaida.