La factura de la prórroga de los PGE: 1.000 millones menos para la Comunitat

Las entregas a cuenta suponen la parte principal de los recursos con los que cuentan las CCAA correspondientes a la financiación autonómica –la otra es la liquidación del ejercicio de dos años antes–. Durante los últimos años las entregas a cuenta han ido creciendo, pero no porque el Gobierno haya decidido conceder más recursos a las autonomías, sino porque la actividad económica ha generado mayores ingresos para la administración. Y aún así, la financiación per cápita de la Comunitat sigue siendo la peor de todas las autonomías.

El hachazo viene en las entregas a cuenta comunicadas por el ministerio de Hacienda tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado mes de julio. Dos semanas después, Hacienda informaba al Gobierno valenciano que sus entregas a cuenta ascenderían a 13.974 millones. Es decir, la cifra que ahora confirma Hacienda supone ingresar 1.130 millones de euros menos de lo anunciado el pasado verano.

La justificación de este recorte de ingresos no es otro que el de la prórroga de los presupuestos. Las estimaciones trasladadas en verano se sustentaban en unas nuevas cuentas para 2025, en las que el Gobierno pretendía actualizar las cifras de la financiación y elevarla hasta el entorno de los 147.500 millones de euros, según las previsiones del departamento de Montero. En las que se acaban de dar a conocer, en cambio, las entregas a cuenta para todas las CCAA ascienden a poco más de 135.000 millones de euros.

El escenario que empieza a consolidarse en Madrid, tras el último distanciamiento entre el PSOE y sus socios de Junts por la negativa de los primeros a tramitar la cuestión de confianza a Sánchez que exige Puigdemont, es el de una nueva prórroga de presupuestos, como la que adoptó para 2024 tras la convocatoria electoral catalana y la comprobación de que no se contaban con apoyos parlamentarios suficientes como para aprobar las nuevas cuentas. El escenario, con una justificación distinta, se repite en esta ocasión. Porque el fondo de las dificultades para aprobar los nuevos presupuestos es siempre la falta de apoyos parlamentarios.

Pero ese recorte adicional de 1.000 millones para la Comunitat –que sólo se corregirá si se acabaran aprobando presupuestos o, en su defecto, con una actualización de las entregas a cuenta como la de 2024– agrava la situación financiera de la Comunitat. Ya no sólo por ser la región más maltratada por el actual sistema de financiación, ni por la negativa del Gobierno a aprobar un fondo de nivelación para las CCAA infrafinanciadas como la valenciana.

De lo que se trata ahora es de las consecuencias de la dana. El Gobierno valenciano se dirigió por carta al ministerio de Hacienda con el objetivo de que pusiera a su disposición recursos a fondo perdido con los que paliar los inmensos daños provocados por la riada del 29 de octubre. La respuesta, por carta, de la vicepresidenta Montero fue rechazar esa posición alegando que no tenía aprobados los presupuestos.

Más grave si cabe fue la decisión del Gobierno de suprimir el FLA extraordinario, el recurso con el que el Ejecutivo financia el exceso de déficit de las CCAA y que en el caso de la Comunitat Valenciana se sitúa en el entorno de los 3.000 millones de euros. En este caso, la carta se la envió el presidente de la Generalitat Carlos Mazón al del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero la respuesta no fue muy distinta: invitar a la Comunitat a financiarse recurriendo al endeudamiento, y plantear que si el PP aprobara los PGE todo podría ser distinto. Un «chantaje» en palabras de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que el Consell ha rechazado de plano.

Todo ello resume un escenario que amenaza a la Comunitat con generar un problema grave de impagos a sus proveedores en cuestión de pocos meses.