Las facturas en los cajones del Consell crecieron en 2017 hasta los 942 millones

En pleno debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y la reivindicación de una quita de la deuda de la Comunitat, lo peor que le puede pasar al Gobierno valenciano es que el cierre presupuestario de 2017 ponga en duda su capacidad de gestión. Ocurrió la semana pasada con los datos de ejecución a fecha de 31 de diciembre -con más de 2.500 millones de euros pendientes de pagar o sin ejecutar al acabar el año-. Y vuelve a ocurrir esta con los datos que facilita el propio Gobierno valenciano respecto a la evolución de sus presupuestos.

Uno de los aspectos que más puede poner en cuestión la capacidad del Consell para gestionar sus cuentas son las coloquialmente denominadas como facturas en los cajones y que responden a lo que en términos contables se conoce como cuenta 409. Se trata del apunte que hace referencia a los 'acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', es decir, la relación de pagos que han quedado pendientes de satisfacer al finalizar el ejercicio presupuestario porque no tenían cobertura en las cuentas. Se trata, tal y como se define en la cuenta general, de aquellas 'obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto'.

El Consell ha facilitado los datos provisionales correspondientes a las cuentas 409 y 411 -esta última es la que hace referencia a aquellos acreedores por periodificación de gastos presupuestarios, es decir, también están pendientes de pago-. Por lo que a la primera se refiere, las obligaciones pendientes de aplicación a presupuesto superan los 942 millones de euros. Se les denomina 'facturas en los cajones' porque son gastos que hay que atender y que no se cargan al presupuesto porque no tenían cobertura en las cuentas. Sobre un presupuesto de casi 19.000 millones de euros, superar los 942 millones no es una cifra menor.

Tal y como revelan los datos facilitados por el propio Consell, el bocado principal de esas facturas en los cajones corresponden a Sanidad, En concreto, la conselleria que dirige Carmen Montón acumula 620 millones de euros de gastos pendientes de aplicar al presupuesto. La Sindicatura de Cuentas ya ha alertado en alguna ocasión de la necesidad de que el Gobierno valenciano elabore unos presupuestos más realistas, que -en concreto en el capítulo sanitario- respondan a la realidad de las necesidades de gasto de la administración autonómica. «El presupuesto en Sanidad no llega a final de año, por su idiosincrasia y por falta de presupuesto; pero si se quiere seguir trabajando se echa mano a la caja fija o se pasan las obligaciones al ejercicio siguiente», remarcó el Síndic Major, Vicent Cucarella el pasado mes de diciembre. Pese a esta justificación, el responsable de la institución fiscalizadora insistió en que es una práctica a «evitar» y que «todos los años» insiste en ello la Sindicatura de Comptes.

Al gasto sanitario se le suma el de la Administración General, que supera los 291 millones de euros, y el de Servicios Sociales, con algo más de 30 millones de euros.

Si a los 942 millones de la cuenta 409 se le suman los 625 millones que figuran en la 411, el gasto correspondiente al ejercicio y pendiente de aplicar al presupuesto supera los 1.568 millones de euros.

¿Y eso es mucho o es poco? Al margen de que resiste poca discusión sostener que casi 1.000 millones de euros son bastante dinero, el dato más relevante para el Consell que encabezan Ximo Puig y Mónica Oltra puede tener que ver con el progresivo incremento de esa cuenta 409. La cuenta general de 2016, el resumen presupuestario correspondiente a ese ejercicio económico, situaba este concepto de pagos pendientes de aplicar al presupuesto en una cuantía de 927 millones de euros. La propia cuenta general detallaba los conceptos más importantes que integraban esa cifra: 203 millones que la conselleria de Educación no había satisfecho a Ciegsa y 109 millones de gastos de personal de Sanidad que no se habían aplicado al presupuesto.

El aumento de facturas en los cajones se viene repitiendo con el Consell del Botànic. En 2015, el ejercicio presupuestario compartido por el último Gobierno del PP -el presidido por Alberto Fabra- y el nuevo Ejecutivo de Puig, se cerró con 871 millones de gastos pendientes de aplicar al presupuesto. Es decir, entre ese cierre contable y el de 2017 las facturas en los cajones han crecido un 8%.

El dato pone en duda la eficacia de los responsables de las cuentas autonómicas para poner control en un apartado, el de las facturas en los cajones, que con tanta reiteración se reprochó a los gobiernos del PP por la cuantía que llegaron a alcanzar.

La cuenta general de los ejercicios anteriores así lo revelan. En el presupuesto de 2014 alcanzó los 1.291 millones. En 2013, la cifra llegó a los 2.493 millones de euros. En 2012, la misma cuenta superó los 3.500 millones de euros -tras el proceso de regularización impulsado por el Gobierno-.