La falta de agua vuelve al epicentro de la batalla política en la Comunitat

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha desplazado esta mañana a Murcia. El líder del PPCV y candidato a la Generalitat se ha reunido con el máximo mandatario autonómico de la Región de Murcia, Fernando López Miras, con el fin de firmar conjuntamente un protocolo para defender de manera conjunta el trasvase Tajo-Segura. Desde las filas socialistas, se anuncia también que a la misma hora, el president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, mantiene una reunión de trabajo con responsables del partido para analizar la situación del trasvase.

Igualmente, en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts se debaten varias iniciativas vinculadas en el trasvase. Desde Compromís no se andan con medias tintas y disparan hacia «los malos» oficiales, los gobiernos del PP; es decir, Madrid y Murcia.

«Defendemos la misma posición que el Consell: garantizar la continuidad del trasvase, que para nosotros es muy necesaria, especialmente para la agricultura alicantina. Lo que acordó el Consell con el Gobierno central es un plan de seguimiento para garantizar la buena calidad del río Tajo y mantener el trasvase, así como abaratar el agua incorporando la energía fotovoltaica. La defensa de los caudales es una obligación. Para preservar la calidad del agua hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid no depura sus aguas, que abocan en el Jarama y de ahí al Tajo. En este sentido, hay obligaciones de depuración a través de unas inversiones que no se han realizado por parte de Madrid. En la Región de Murcia, por ejemplo, durante muchos años se ha utilizado el agua para regadíos ilegales, cosa que aquí se ha reducido drásticamente», ha indicado Graciela Ferrer, diputada de Compromís, antes de la comisión en Les Corts.

Puig, por su parte, ha explicado que «hemos evaluado uno de los temas fundamentales que tenemos entre manos. Nos hemos reunido con los parlamentarios del grupo socialista en el Congreso y el Senado. El trasvase es uno de los temas principales en los que hay que actuar. No se trata de estar siempre en el espacio de la confrontación sino de la solución».

El líder de los socialistas valencianos, ante la reunión de Mazón y López Miras, que en varias ocasiones han reclamado al Consell que acuda a los tribunales por la escasez de agua, ha señalado que «en estos momentos lo que hay que buscar es la mejor solución. El PP utiliza el agua para enfrentar, no para solucionar. Nunca ha cumplido nada de lo que dice con mayorías absolutas. Hemos estado ya 44 veces en los tribunales por la rebaja de caudal. El compromiso de la Generalitat es firme con los regantes, que saben que la vía es el acuerdo. Ahora bien, si el ministerio no actúa en consecuencia, nosotros lo haremos con contundencia y convicción, pero no a través del partidismo».

El problema de la falta de agua emerge cada cierto tiempo. En el debate político se recupera de manera cíclica, pero entre los afectados no deja de estar ahí. Los regantes, especialmente los alicantinos, no cejan desde hace años, décadas, en solicitar soluciones que nunca llegan. Los donantes manchegos también tienen muy presente la situación. Pasear por Toledo y ver carteles en contra del trasvase es algo habitual. Esa tensión interregional sirve de acicate político en tiempos de elecciones, y sólo quedan seis meses para una nueva cita con las urnas.

Que la crisis hídrica afecte especialmente a los alicantinos no es un asunto baladí. El Consell tiene fijada la mirada en el sur de la Comunitat como el su principal 'punto negro'. Es la provincia que menos conexión tiene con el tripartito. Las trazas nacionalistas de Compromís impiden a la coalición tener un músculo electoral similar al que dispone en Valencia. La potencia del PP en el sur de la Comunitat es evidente: gobierna la capital de la provincia y la Diputación de Alicante. Así pues, la batalla política está servida y el agua es su principal hilo argumental.

Tras la reunión celebrada en el Palacio de San Esteban de Murcia, la Diputación de Alicante y el Gobierno de la Región de Murcia han anunciado que impulsarán una estrategia conjunta de defensa técnica y jurídica del trasvase, tal y como se recoge en el acuerdo que han suscrito Mazón y López Miras. Ambos dirigentes han criticado las «decisiones que, sin ningún aval técnico y científico, está adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para acabar de forma inexplicable e injustificada con esta infraestructura», y han acusado al presidente Puig, y al PSOE de Murcia «de ser cómplices, con su silencio, de esta ignominia».

Una de las primeras acciones que se emprenderán fruto de esta alianza es la presentación «de forma coordinada de alegaciones ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla un incremento del caudal ecológico». Además, han avanzado que si el Consejo de Ministros ratifica este documento «toda la maquinaria de la Diputación y del Gobierno de Murcia se pondrá en marcha para presentar los recursos necesarios antes todas las instancias judiciales que podamos».

Mazón ha denunciado que la política hídrica del Ejecutivo de Pedro Sánchez y del PSOE «ha creado en estos años, sin ningún tipo de justificación técnica y científica y de forma arbitraria, una deuda histórica del agua con la provincia de Alicante, con Murcia y con la Almería». De esta forma, ha cifrado en 590 millones de euros el perjuicio económico «por los 22 recortes políticos que se han aprobado en estos últimos años», mientras que ha alertado, tal y como sostienen los informes de los técnicos, que el aumento del caudal ecológico recogido en el nuevo Plan del Tajo «supondrá la pérdida de más de 15.000 empleos y un déficit económico de aquí a 2027 de más de 5.700 millones de euros».