Un informe alerta de falta de controles en las oposiciones de la Generalitat

Un informe de la Conselleria de Transparencia ha detectado varios riesgos en los procesos de selección de personal de la Generalitat, especialmente en las áreas de Educación, Sanidad y Función Pública. La Inspección General de Servicios, adscrita al departamento que dirige Manuel Alcaraz, aconseja la adopción de medidas para controlar estas amenazas.

Según señala el informe, «actualmente no se encuentra descrito de manera exhaustiva el procedimiento interno a seguir por los órganos técnicos de selección desde la óptica específica de la prevención de los riesgos concurrentes».

Entre esos riesgos se encuentran la posibilidad de que las oposiciones favorezcan la endogamia, que los tribunales se dejen llevar por la subjetividad al valorar las pruebas al no tener unos criterios claros de actuación o que se puedan filtrar preguntas de los exámenes. También advierte de que se está manejando información personal que debe ser protegida.

El documento considera que estos peligros se focalizan principalmente en el ámbito de la función pública y sanidad y apunta al establecimiento de procedimientos de homogeneización.

La investigación de Transparencia se refiere a la posibilidad de que se produzcan diversas contigencias. Unas son los conflictos de interés. Así, se advierte de que en la selección del personal de los cuerpos especializados puede haber un mayor peligro de endogamia «como consecuencia de la concurrencia de relaciones previas entre los candidatos y los examinadores».

También advierte de la necesidad de adecuar las pruebas a los perfiles a seleccionar. Así, aconseja introducir sistemas selectivos que valoren otras aptitudes y competencias más allá de las puramente memorísticas.

Otro de los riesgos advertidos en la inspección de Transparencia se refieren a los procedimientos de formulación de las preguntas de los exámenes. Convendría, según subrayan, implementar un sistema de selección de preguntas aleatorio e informatizado de forma que «ninguna persona pueda conocer la configuración definitiva de la prueba».

El informe también ha detectado riesgos en la información sensible que manejan los examinadores. Los técnicos aconsejan evitar que los tribunales utilicen este tipo de documentación.

Por otro lado, los inspectores advierten de los riesgos por una «excesiva subjetividad» en las valoraciones. Apunta que previamente a las pruebas tendrían que acreditarse los criterios de evaluación y consideran «crucial» que se establezcan con carácter obligatorio «mecanismos homogéneos de corrección de las puntuaciones otorgadas, como por ejemplo, eliminando las puntuaciones más alta y más baja o eliminando aquellas que presenten una desviación sobre la mediana superior o un determinado porcentaje».

Ante ello, realiza dos recomendaciones. La primera es que se genere una herramienta informática de ayuda a los tribunales con la que se pueda controlar el uso de información sensible que se los examinadores utilizan durante los procesos selectivos. La segunda es la elaboración de un protocolo de obligado cumplimiento para los tribunales que gestione las partes del proceso selectivo que no se encuentren en otras normas. El documento debería establecer un procedimiento homogéneo y por escrito del funcionamiento para mejorar la seguridad.

No es la única vez que Transparencia saca los colores al Consell por la política de contratación. La Inspección General de Servicios (IGS) advirtió en un informe fechado el 10 de diciembre del año pasado de «irregularidades que ponen de manifiesto un incumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la cobertura de los puestos analizados». Señala que se crearon plazas facilitando que fueran para las personas que las ocupaban provisionalmente.