La falta de transparencia, una amenaza para À Punt

El discurso de la transparencia, bandera del Botánico en su desembarco en la Generalitat, se ha ido difuminando paulatinamente. Queda ya casi más como el recuerdo de una promesa que de una realidad plenamente instalada pese a los evidentes avances respecto al periodo del PP. Este es un mal que parece que se ha extendido a todas las ramas de la Administración. El último en sufrir un reproche por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha sido el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) que integró la comisión evaluadora de los candidatos a director general de À Punt.

La sentencia que anula el nombramiento de Empar Marco -sin consecuencias prácticas porque se produce cuando ya ha terminado su mandato- cuestiona dos aspectos fundamentales. Por un lado, las incompatibilidades de los miembros del Consejo, asunto que pese a la gravedad resultaba fácil de resolver, tal y como se hizo. No obstante, existía otra debilidad que el TSJ se encarga de subrayar: la ausencia de justificación de las puntuaciones, es decir, la falta de transparencia. Y es ahí donde la cuestión preocupa a los miembros del Consejo Rector, que se reúne el próximo martes. El encuentro se prevé tenso precisamente porque la sentencia, en resumen, es un cuestionamiento de la forma de trabajar de estos diez cargos -elegidos por los partidos políticos- y los procesos empleados para los puestos directivos.

Fuentes conocedoras de la elección del Alfred Costa consideran que se incurre en los mismos defectos que censura el fallo del TSJ. Dan un par de pinceladas de cómo fue aquel procedimiento que permitió en clave política que À Punt se acercara más al PSPV tras un inicio en manos de cargos más próximos a Compromís. Por ejemplo, en este último proceso sólo cinco miembros de la comisión evaluaron los proyectos de los candidatos a dirigir la televisión. Fueron ellos quienes propusieron a los dos finalistas -Costa y García Donet- «pero no se sabía por qué habían quedado fuera los otros aspirantes», subrayan. Por cierto, candidatos de quienes se desconocía el número e identidad al menos por las personas que quedaron fuera del quinteto evaluador.

Así, según estas fuentes, no existieron justificaciones de la puntuación. Más allá de los criterios que se recogen en las bases, la mitad del programa y la otra mitad de la entrevista y el curriculum. Y después se votaba por todos los miembros hasta que uno de los aspirantes consiguiera un mínimo de seis votos. Pero tampoco se recoge de ninguna forma los argumentos por los cuales cada uno de los miembros da su apoyo a uno u otro de acuerdo a las valoraciones que han hecho. En este sentido, las fuentes comentan que se han repetido las mismas carencias que se detectaron con Empar Marco.

En resumen, la sentencia concluye que cualquier afectado por determinada calificación tiene derecho a que le sea comunicada «la motivación de la misma y de la puntuación que hayan sido aplicadas por órgano calificador, pues faltando tal motivación que incluya los anteriores requisitos, no cabe discernir si el juicio técnico se movió dentro de los márgenes de apreciación que resultan tolerables en muchas ramas del saber especializado o si pueden resultar no asumibles por carecer de justificación técnica».

El Consejo Rector deberá decidir ahora si recurre el fallo del TSJ para evitar que ese pronunciamiento sea firme. Esta cuestión se debatirá esta semana. «Yo voy a reclamar que se recurra. Si aceptamos esto, el nombramiento de Costa pende de un hilo», adelantó Vicente Cutanda, integrante del Consejo propuesto por el PP. Pere Valenciano fue el periodista y aspirante que recurrió el nombramiento de Marco. La Justicia le ha dado la razón, lo que le lleva a proclamar que el nombramiento fue un «tongo». Ahora señala que va a ver «todas las opciones». «Iremos hasta el final», añade. Sin embargo, no aclara ni las opciones ni el final. Prefiere no contestar a qué posibilidades reales tiene de recurrir el nombramiento de Costa.

La realidad parece diferente, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS. Así, el plazo para presentar un contencioso ya ha terminado. Disponía de dos meses desde el nombramiento -salvo que presentara un recurso de reposición- y contando incluso la suspensión por la pandemia, el cómputo se agotó en septiembre.

No obstante, se han abierto otros frentes judiciales en las últimas fechas por parte de uno de los aspirantes al puesto de dirección de Explotación e Ingeniería en la televisión. La plaza quedó en manos de Higinio Añó. La demanda ataca los mismos flancos que la sentencia del TSJ. «No se ha hecho pública ninguna información sobre el desarrollo del procedimiento de selección, ni se ha comunicado ninguna información a las personas que se presentaron». En la misma línea, el escrito insiste en que este candidato desconoce quiénes fueron sus competidores en el proceso y la valoración.

La demanda subraya que la confidencialidad no puede amparar «el absoluto secreto del procedimiento, por cuanto impide fiscalizar el proceder de la comisión de valoración, de acuerdo con las bases, de la convocatoria del concurso». Resulta similar a lo que argumentaba el TSJ.

«Nos encontramos ante un procedimiento, que pretende dar apariencia de concurso de selección, cuando en realidad, nos enfrentamos a un acto de libre designación. En un procedimiento del que nada se sabe», concluye el demandante que opta por conservar el anonimato.

No obstante, no es este contencioso la primera noticia acerca de este concurso, uno de los primeros que se activaron con la llegada de Alfred Costa a la dirección. Una aspirante y trabajadora de la entidad llevó una queja al Consejo Rector relacionada con las circunstancias de este proceso. Al parecer, no se le dio respuesta al contenido del escrito.

Y todo esto con las oposiciones en el horizonte para la plantilla de la Sociedad Anónima y la de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación junto a las dificultades que plantea. Entre otras razones, porque la propia ley limita el margen financiero que la televisión valenciana puede darle a su plantilla de personal -no más de un tercio del total del presupuesto-. Con el número de plazas actual, ese tercio se superaría ampliamente.