La familia Adell Bover no tiene permiso para emitir desde la TV de Marina d'Or

La familia Adell Bover, empresarios de Castellón del sector audiovisual y que son investigados por distintos organismos por pactar precios en un concurso de À Punt y por la justificación de subveciones públicas para la promoción del valenciano, compró la mercantil Televisión de Castelló a Marina d'Or sin solicitar a la Generalitat la autorización de la transmisión de la licencia para poder emitir. La operación de compra se ejecutó a través de la empresa Comunicación Plana Baixa SL cuyo socio único es Juana Bover Ríos y el administrador único Juan Enrique Adell Bover. El acuerdo se cerró en agosto y fue publicado el Boletín Oficial de Estado del pasado 18 de septiembre.

La compra de la mercantil -el precio no ha trascendido- en ningún caso implica la transmisión de la licencia para la explotación de Televisión Digital Terrestre que en 2016 concedió el Consell del Botánico a TVCS Retransmisions, la matriz de Televisión de Castelló.

La familia Adell Bover, para poder contar con la licencia debía haber comunicado la operación y solicitado la transmisión a la Generalitat, algo que según ha podido confirmar este periódico no se ha producido. De esta manera, los propietarios actual de Televisión de Castellón estarían emitiendo al menos de manera irregular.

La Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010 señala en el artículo 29 que la celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación «requerirá autorización previa de la autoridad audiovisual competente». Un trámite que la empresa Comunicación Plana Baixa no ha cumplido según han confirmado desde la Generalitat en un documento sellado el pasado 1 de octubre. El Consell mantiene el expediente abierto y ha requerido nueva documentación a la mercantil pero por ahora no ha sido remitida.

Los pasos para transmitir una licencia de emisión son sencillos y vienen detallados en la normativa vigente. La primera decisión que tenían que haber adoptado las dos mercantiles para cerrar la operación era presentar una solicitud en la Generalitat para autorizar la transmisión de la titularidad de la licencia. Una vez registrada la petición por parte de TVCS Retransmisions -la televisión de Marina d'Or- y Comunicación Plana Baixa -de la familia Adell Bover-, desde la secretaría autonómica de Comunicación se debía trasladar a la secretaría de Estado de Avance Digital una petición para que tramitara la autorización. Una vez se cuenta con la respuesta favorable desde el Gobierno central se firma una autorización previa y se requiere a las mercantiles que presenten una serie de documentación en un plazo máximo de quince días. En la información que hay que aportar para contar con la autorización para el traspaso de la licencia están los estatutos de las sociedades, certificaciones de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, una declaración responsable del nuevo titular de que cumple con todos los requisitos para disponer de la licencia audiovisual, una declaración de incompatibilidades y la acreditación del ingreso de la tasa establecida para poder ejecutar la operación. Unos pasos que, en principio, no se han dado en esta operación ya que no se ha registrado la solicitud para el traspaso de la licencia.

Uno de los aspectos que persigue la Ley General de Comunicación Audiovisual es que debe quedar garantizado el pluralismo para impedir la concentración de medios y situaciones de abuso de poder. Además, la operación debe ser publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, algo que en ningún caso se ha producido en la operación entre la familia Adell Bover y la televisión que estaba bajo el paraguas de Marina d'Or.

La vinculación entre la familia Adell Bover y TVCS Retransmisions viene desde hace tiempo ya que los primeros gestionaban de las licencias de la televisión de Marina d'Or para emitir en la zona de Vinaròs y en el Maestrat. Además, los Adell Bover a través de la productora Kriol habrían clonado 14 facturas a nombre de TVCS para justificar una subvención de la conselleria de Educación para promocionar el valenciano.

Los empresarios castellonenses han recibido en los últimos años ayudas públicas por valor de decenas de miles de euros a través de las productoras Canal Maestrat y Kriol Produccions. Dos firmas que fueron sorprendidas junto a la empresa Comunicacions dels Ports, propiedad de Francis Puig, hermano del jefe del Gobierno valenciano, pactando precios para llevarse tres lotes de un concurso público de À Punt para el suministro de imágenes desde distintas comarcas de la Comunitat Valenciana. Además, el asunto de la justificación de las subvenciones está siendo investigado tanto por Agencia Valenciana Antifraude como por la Fiscalía.