Feijóo abre la puerta a rebajar su propuesta sobre la disolución de partidos

«Estamos dispuestos a ver si se enmienda, si se modifica, si se disminuyen las penas o si hay una suspensión» de los partidos que delincan, «más que una disolución», dijo Feijóo, quien sigue defendiendo, en todo caso, su planteamiento de «fortalecer al Estado» con un nuevo delito de «deslealtad constitucional». «¿Se puede discutir si primero debemos suspender ese partido político y, solo en casos muy graves, plantear la disolución? Sí. Esta es una propuesta que será debatida en las cámaras».

El texto registrado en la Cámara baja dice que «cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de cualquiera de los delitos establecidos en este capítulo» –en alusión a la reforma del Código Penal propugnada por el PP y a la convocatoria de referéndum ilegales y de declaraciones unilaterales de independencia– «se le impondrá la pena de disolución, salvo que la persona jurídica realice antes de la apertura de juicio oral actos inequívocos de colaboración activa dirigidos al esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional». En este caso, la pena sería de suspensión de actividades de seis meses a cinco años o multa por el mismo período.

El líder popular trata ahora de rebajar el alcance de su medida y que esta quede en un escalón inferior al de la disolución de los partidos políticos; es decir, en una suspensión temporal. De hecho, Feijóo aprovechó ayer para recordar que en el Código Penal ya existen otras causas por las que se podría proceder a disolver formaciones políticas, como la malversación de fondos públicos o la incitación al odio. «No se persiguen ideas, lo que se persiguen son delitos», insistió, al tiempo que se escudaba en que la iniciativa se había cotejado con «buenos juristas».

La propuesta que registró el PP el 3 de enero iba en la línea de la recurrente propuesta de Vox de ilegalizar formaciones independentistas, que habría derivado en la prohibición de fuerzas como Junts o ERC en 2017, cuando amagaron con la declaración unilateral de independencia. Los de Santiago Abascal –cuya enmienda a la totalidad vuelve a abogar por ilegalizar esas formaciones por ser independentistas– criticaron ayer la postura de Génova. «Presentan una propuesta para disolver partidos con los que intentaron negociar este mismo verano», acusaron.