Feijóo se arriesga a pactar de nuevo con Vox para que Mazón gane aire con los Presupuestos

Un aval que se extrapola al resto de presidentes autonómicos, a los que su jefe de filas da vía libre para llegar a un acuerdo similar con los de Abascal, siempre y cuando tenga los mismos «parámetros» que el texto valenciano. «Confiamos en que el resto de comunidades –avanzó Sémper– tengan y logren llegar a acuerdos también presupuestarios que ayuden y que avalen esa estabilidad». El equipo del líder popular considera que Murcia y Aragón son las dos autonomías con más posibilidades para cerrar nuevas ententes, al tiempo que contrasta la viabilidad de las Cuentas valencianas con que Pedro Sánchez no logre sacar adelante las suyas.

En la cúpula conservadora niegan que hayan tenido que «renunciar» a sus «principios» en materia climática y migratoria pese a haberse tenido que comer el sapo de reeditar una alianza con Vox, como así lo celebró Abascal. Los otrora socios exigían una renuncia expresa a aplicar el Pacto Verde forjado en Bruselas y a acoger más menores migrantes para desatascar las Cuentas los territorios en los que el PP está en minoría.

A las dos se refirió Mazón en su comparecencia. El mayor guiño lo hizo con las políticas de inmigración, que fueron la causa de que los voxistas rompieran en julio sus coaliciones de Gobierno. El presidente valenciano insistió en el «fracaso manifiesto» de la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y aseguró que su comunidad «tiene un problema con la inmigración ilegal» por lo que no admitirá más repartos de menores extranjeros no acompañados. «Buscaremos la fórmula legal –dijo– para que vuelvan a sus padres y familias».

En su comparecencia, Mazón afirmó además que el Pacto Verde europeo, que han suscrito populares y socialistas en Bruselas, «supone un ataque directo a la esencia económica de la región, afectando no solo al sector primario, sino también a la industria y al desarrollo económico en general». «Tengo la seguridad de que con ese rumbo la Comunidad Valenciana tendrá los Presupuestos que necesita para la reconstrucción», confirmó Abascal tras ver abrazar su ideario al líder valenciano.

Vox reclama a Mazón un paquete de 24 medidas con exigencias también en política social, memoria histórica o fiscalidad para sellar el acuerdo presupuestario que se tramitará en Les Corts hasta su definitiva aprobación, en torno a principios de junio. Entre sus condiciones, los de Abascal exigen «participar directamente con la Generalitat en el plan de distribución de recursos para la reconstrucción tras la gota fría», además de reclamar un «recorte histórico de la cooperación al desarrollo» o una reducción «significativa» de las subvenciones a la promoción de la lengua valenciana.

En Génova, por el contrario, insisten en que los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los Presupuestos en la comunidad «son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que venimos defendiendo» y niegan haberse tenido que mover de sus postulados a pesar de que las manifestaciones de su barón les crea un problema discursivo y dan munición a la izquierda. Es más, sostienen que Abascal y los suyos han intentado estas semanas arrancar otras iniciativas rechazadas por el PP por «inaceptables». Los populares alegan que, en materia de inmigración, el acuerdo se ciñe a lo acordado en la UE y, en cuanto al Pacto Verde, arguyen que Feijóo ha censurado la «burocracia e hiperregulación»; una posición –rematan– que también comparte la presidenta de la Comisión, la conservadora Ursula Von der Leyen.

Para el PSOE, que había renunciado a presentar una censura contra Mazón, el acuerdo presupuestario es un nuevo «pacto de la vergüenza» entre populares y voxistas. La versión 2.0, inciden, del firmado tras los comicios autonómicos de 2023. «El pecado original del que todavía estamos lamentando sus consecuencias», censuró la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant. Para Compromís, Mazón «no puede caer más bajo» tras arrastrarse ante la extrema derecha para «salvar su pellejo», seguir como presidente de la Generalitat, mantener así el aforamiento y evitar que le acabe alcanzando la instrucción de la jueza de Catarroja, que ya ha imputado a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, por la gestión de la dana. «La única comparecencia que esperaba el pueblo valenciano era para presentar la dimisión», aseveró su portavoz, Joan Baldoví.