Feijóo y sus comunidades dicen no a la quita de deuda pactada antes por el Gobierno y ERC

El Ejecutivo complementó el anuncio de Junqueras con una comparecencia sobre la marcha de la vicepresidenta, ministra de Hacienda y ahora nueva líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, para poner cifra al compromiso paralelo que adquirió el Ejecutivo en su momento cuando rubricó la alianza con Esquerra: que la quita se haría extensiva a todas las comunidades. Montero cuantificó la deuda que la Administración del Estado está dispuesta a hacer suya en 83.252 millones, incluidos los 17.000 de Cataluña. Así lo trasladará mañana al CPFF. «Con menos deuda hay menos intereses que pagar y más recursos para el Estado del bienestar», quiso enfatizar Montero, quien atribuyó a criterios técnicos que la condonación catalana se incremente 2.000 millones sobre lo previsto.

El ministerio envió este lunes a las comunidades la metodología empleada para el cálculo de la quita por territorio, que se tramitará como ley orgánica y que, en consecuencia, debera recabar el apoyo del Congreso, aunque Montero confió en que se pueda aprobar antes de final de año. Junqueras anticipó ayer el rechazo del PP y Vox y, también, que «no encontrarán ningún aliado adicional». El líder de Esquerra se afanó en un difícil equilibrio: por una parte, atribuyó el FLA a un mal diseño de la financiación autonómica que, en el caso de Cataluña, su partido pretende encauzar con el modelo «singular» –una fiscalidad propia a la vasca– pactado en julio con los socialistas para investir a Illa y que levanta ampollas en las comunidades gobernadas por el PP –la mayoría–, pero también en dos con presidente del PSOE (Castilla-La Mancha y Asturias); y, al tiempo, Junqueras vino a defender que la condonación general que se planteará en el CPFF de mañana puede redundar en un bien común, beneficiando a autonomías infrafinanciadas como la de Emiliano García-Page, la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, estas dos últimas en manos populares.

Andalucía será la región que obtenga mayor ventaja por la quita en términos brutos, con 18.791 millones, por delante de Cataluña, la Comunidad Valenciana (11.210) y Madrid (8.644). Sin embargo, en términos de población ajustada y según la metodología diseñada por Hacienda, será la autonomía encabezada ahora por Carlos Mazón la que se beneficie de una mayor condonación por habitante (2.284 euros). El Gobierno asumirá un 19% de la deuda viva de las comunidades autónomas a 31 de diciembre de 2022 con el objetivo de evitar «sentimientos de agravio». Pero    Montero no se ahorró un reproche retrospectivo: «Partimos de una premisa clara, que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera gobernada por el PP no fue la adecuada y supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las comunidades autónomas».

Ni la dirección nacional del PP ni sus comunidades asumen los argumentos de Hacienda. Sin embrago, la condonación de la deuda es lo suficientemente golosa como para que el Gobierno intentara jugar al 'divide y vencerás', que los populares cortocircuitaron en septiembre con cierre de filas en torno a una posición común: 'no' en bloque a una quita que –en palabras ayer de Feijóo– «premie la mala gestión, los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas». «La deuda no desaparece, es un cambio contable, se sigue debiendo. Lo que se hace es mutualizarla», argumentó ese rechazo hace unos días el portavoz económico del partido, el también andaluz Juan Bravo.

Por lo que apuesta el PP, al compás de lo planteado por el comité de sabios creado en 2017, es por una reestructuración de la quita basada en una rebaja de los tipos de interés, el alargamiento de la vida de la deuda del FLA, un periodo de carencia hasta que se aprobase el nuevo sistema de financiación y el progresivo regreso a los mercados. «No se puede tener más caradura y no se puede ser más arbitrario», opuso al plan de Hacienda Isabel Díaz Ayuso, quien llegó a acusar al Gobierno de «imponer a punta de pistola al resto de los españoles» un «trágala» que favorece a quienes gestionaron mal Cataluña. El presidente andaluz, Juanma Moreno, estuvo más comedido, pero aún así tildó la propuesta de Montero de «engañabobos» porque lo que pretende, en realidad, es un cupo» para los catalanes que no está en la Constitución. Moreno aseveró que no quiere para Andalucía que le pedonen la deuda, sino una «financiación justa».