Feijóo hurga en la división en el Ejecutivo con una ley propia para que el SMI no tribute

Dicho y hecho. Los populares aprovecharon este martes la división del Gobierno a cuenta de que el Salario Mínimo Interprofesional, una vez aprobada la subida impulsada por el Ministerio de Trabajo, tribute en el Impuesto sobre la Renta, para hurgar en la herida. El líder gallego exigió una rectificación inmediata del Gobierno para que deje de «alargar esta agonía de los más vulnerables» y, ante la negativa, se sumó a la guerra de partidos por registrar su propia proposición de ley.

Desde Génova defienden el movimiento para evitar que las arcas del Estado se queden con el 50% del incremento. «Supone una jugada redonda para el Ejecutivo de Sánchez», censuran fuentes del PP porque, arguyen, sube el salario mínimo «pero lo pagan empresarios y trabajadores para que la mayor parte de ese incremento se lo lleve Hacienda».

En su discurso, Feijóo desgranó las razones que confirman, en su opinión, que el Ejecutivo de izquierdas no tiene más recorrido porque «no tiene mayoría» y es «incapaz de aprobar leyes sin subastar el Estado». Una debilidad parlamentaria siempre a expensas de lo que quieran sus socios de Junts, que los populares, recalcó, deben aprovechar para continuar ejerciendo su «labor de alternativa» con el goteo de propuestas presentadas en los últimos meses en aras de la conciliación, de la reconstrucción de las zonas devastadas por la dana en Valencia o, más recientemente, para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Feijóo cargó además contra el «infierno fiscal» que achaca al Gobierno, por las 96 subidas de impuestos, según las cuentas de Génova, sufridas por los ciudadanos desde que Sánchez llegó a la Moncloa para «pagar los agujeros de su mala gestión y para «tapar la boca» al independentismo catalán. Para acabar con ese infierno, el PP pondrá sobre la mesa un plan fiscal que concretará en las próximas semanas.

Los populares prometen también dar la batalla en los tribunales si el Gobierno «menoscaba una competencia indelegable del estado» y cede las competencias de inmigración a Cataluña como le pide Carles Puigdemont para aprobar con sus votos los Presupuestos Generales del Estado. «El independentismo está utilizando esta crisis de la entrada de inmigrantes para controlar las fronteras del estado español», denunció Feijóo. A esa promesa le siguió una cascada de críticas sobre la política migratoria de Sánchez, «inexistente, irresponsable y mezquina», y, en especial, al reparto de menores migrantes «en función del color de la comunidad autónoma» a la espera de conocer la letra pequeña del nuevo reparto acordado con Canarias y que podría dejar fuera a Cataluña y País Vasco.

Y ya al margen de la batalla en el terreno social, el jefe de la oposición enfocó de nuevo hacia el fiscal general, del que quiere cobrarse la cabeza y al que comparó con un «delincuente común» por el borrado de su teléfono móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo le abrió una investigación por la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado a su vez por fraude tributario. «El Gobierno dedica más energías a borrar pruebas –censuró– que a mejorar la vida de los españoles».