Si un historiador observara, en el futuro y de forma aislada, los resultados de las últimas votaciones en el Congreso podría llegar a pensar que ... el verdadero Gobierno de coalición que gobernaba en España en 2025 estaba formado por PP y Sumar. Ambos partidos se han acostumbrado en las últimas semanas a coincidir en cuestiones puntuales ejerciendo, al mismo tiempo, una pinza de respectiva conveniencia contra el PSOE.
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Sucedió esta semana con la toma en consideración de la ley del suelo –tumbada conjuntamente por azules y magentas– y la proposición de ley para nacionalizar a los saharauis nacidos antes de 1976, cuando el territorio era provincia española –solo los socialistas votaron en contra–. Y la semana anterior, en lo que ya se convirtió en una inusual tradición, las dos formaciones se unieron para respaldar una iniciativa impulsada por Sumar que insta al Gobierno a conceder a Aragón un fondo complementario de 87 millones de euros. Una propuesta que el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, ya había realizado anteriormente y que dejó de nuevo a Ferraz fuera de esa ecuación ganadora.
Además de la cuestión programática y el respaldo partidista a las medidas nombradas, dentro de esta entente antinatura subyacen las tensiones que afligen al Consejo de Ministros y la necesidad de Yolanda Díaz de marcar terreno ante el PSOE para reparar la pérdida de iniciativa de la coalición de partidos que representa Sumar dentro del Gobierno. Especialmente espinosa para la vicepresidenta segunda resulta la decisión del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, de que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tributen por primera vez y tras la última subida a 14 pagas de 1.184 euros.
Tanto el PP como Sumar y Podemos registraron en el Congreso hace dos semanas sendas proposiciones de ley por separado para frenar la medida de Hacienda. Los magentas están dispuestos a volver a votar junto a los populares –y contra el PSOE– para sortear el veto que Montero puede imponer a esta medida –como a cualquier otra que suponga una disminución de ingresos para el Estado–.
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Por ahora, lo único cierto es que entre los ministerios de Trabajo y Hacienda no existe comunicación ni negociación alguna, solo a bajo nivel. Fuentes cercanas a Díaz trasladan a este periódico su «sorpresa» por esta circunstancia y creen que la vicepresidenta socialista «quiere ganar el pulso», por lo que, lamentan, se verán obligados a unir su estrategia parlamentaria a la del PP cuando la iniciativa llegue al hemiciclo.
La relación entre Feijóo y Díaz viene de lejos, desde sus inicios en la política gallega, en cuyo parlamento autonómico ambos se batían el cobre hace una década. La dirigente de Sumar siempre ha expresado su «respeto» por el líder popular, al que considera «un gran adversario» más allá del disenso ideológico. Los populares, a su vez, malician definiendo a la vicepresidenta como una política de «ambición desmedida». Le otorgan el mérito de «haber sido para Podemos lo que Ciudadanos fue a UPyD» a la vez que la ven sometida a Sánchez. «Eso a Pablo Iglesias no se lo hubieran hecho», le espetó Feijóo a Díaz por el SMI.
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