Un valenciano vale 678 euros menos que un cántabro, para Sánchez

De hecho, para el Ejecutivo socialista vale más un residente de cualquier CCAA que quien lo hace en nuestra Comunitat. Porque con la única excepción de Baleares, los valencianos son, y con diferencia, los que menos dinero recibimos del Estado por un concepto muy concreto: el sistema de financiación autonómica.

El ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero acaba de hacer públicos los datos correspondientes a las entregas a cuenta del modelo de financiación correspondientes a junio. Un resumen estadístico de los fondos que el Ejecutivo reparte entre las CCAA y que, desde hace pocas fechas, y con el horizonte electoral a la vista, el ministerio hace públicos de forma mensual.

Hacienda destaca este 30 de junio que ha ingresado un total de 55.638,06 millones de euros en concepto de entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas de régimen común y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla entre enero y junio de 2022, frente a los 52.326,28 millones de euros del mismo periodo del año 2021.

El ministerio ofrece datos globales y por CCAA. En el caso de la Comunitat Valenciana, y hasta el mes de junio, ha recibido 5.089 millones de euros. Tres regiones, Cataluña, Andalucía y Madrid, por este orden, han recibido en términos absolutos más fondos que la Comunitat. En el caso valenciano, son 270 millones más que en el mismo periodo de 2021.

«La mejora de las entregas a cuenta que contemplan los PGE de este año da muestra del compromiso del Gobierno con todos los territorios, con el objetivo de que puedan prestar con una calidad excelente los servicios públicos del Estado del Bienestar que se encuentran en la esfera de sus competencias», dice el ministerio.

La realidad, no obstante, es distinta si se contemplan los datos por habitante. Porque no es lo mismo recibir una misma cantidad con dos millones de habitantes que, por ejemplo, con cuatro.

LAS PROVINCIAS, a partir de los datos facilitados por el ministerio de Hacienda y con las tablas de población correspondientes al 1 de julio de 2021, ha calculado cuál es la financiación per cápita de cada CCAA del régimen común -todas menos País Vasco y Navarra-.

Y los datos, una vez más, demuestran la infrafinanciación de la Comunitat. Cada uno de los 5.051.250 valencianos ha recibido del Gobierno hasta junio 1.007 euros. Se trata del segundo peor dato de todas las autonomías, sólo por detrás de Baleares, que se sitúa en 875 euros por habitante.

Los mejor tratados, los que más valen para el Gobierno de Sánchez, son los cántabros. Los 583.684 habitantes de esta región se reparten 983 millones de euros. Y eso supone que a cada uno de ellos le corresponde 1.685 euros. La diferencia con cada valenciano es de 678 euros.

Los cántabros, los riojanos, los extremeños o los gallegos son los que disfrutan de mejor financiación por habitante. La media española se sitúa en 1.254 euros, casi 250 euros por encima de lo que recibe cada valenciano. Por debajo de la media sólo se encuentran seis regiones: además de Baleares y la Comunitat, Canarias (1.110 euros), Murcia (1.115 euros); Madrid (1.185 euros), y Andalucía (1.218 euros).

Hacienda destaca en su comunicado, no obstante, que en total, en el año 2022, las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla ingresarán 111.276 millones de euros en concepto de entregas a cuenta. «Esta cifra es la más alta de la serie histórica», remacha.

¿Y la nueva financiación? El ministerio de Hacienda sigue sin convocar, como hace todos los años por antes de verano, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En esta ocasión, esa cita debería servir para abordar las alegaciones de las CCAA a la propuesta de población ajustada que el departamento de Montero presentó en diciembre del año pasado.

La reunión no tiene fecha y, mientras tanto, el Gobierno valenciano sigue atribuyendo a su infrafinanciación la culpa de que, por ejemplo, la cuenta general de la Generalitat en 2021 presentada este miércoles arrojara un resultado negativo de 1.200 millones de euros, a pesar de que las transferencias del Estado y de la UE aumentaron ese año precisamente en 1.200 millones.