Financiación y condonación de la deuda, más protagonistas que nunca en la investidura de Sánchez

La certeza de ese camino –aunque tratándose de Pedro Sánchez tampoco hay que dar nada por sentado- viene reflejada en los acuerdos alcanzados por los socialistas para poder sacar adelante este miércoles y jueves la investidura de su líder. Con la formación que lidera Oriol Junqueras los socialistas se comprometieron a una quita del 20% de la deuda de Cataluña vinculada al FLA, el mecanismo del Gobierno para cubrir el exceso de déficit y los vencimientos de deuda de las CCAA.

Ese 20% se traduce, en el caso catalán, en 15.000 millones de euros más otros 1.300 millones en intereses. Con los cálculos que hace el Gobierno valenciano –y dando por bueno el compromiso del ministro Bolaños de que esa quita se extenderá a todas las CCAA- la cifra condonada a nuestra Generalitat rondaría los 10.000 millones. Eso sí, antes de leer el cuento de la lechera, el ministerio de Hacienda ya ha advertido que el porcentaje del 20% a aplicar en Cataluña no tiene por qué ser idéntico para todas las autonomías. Si no tiene por qué ser, se puede dar por seguro que no lo será. Y a partir de ahí, el impacto en la gigantesca deuda valenciana (57.000 millones de euros) es toda una incógnita.

La ministra María Jesús Montero ha defendido este martes que ese acuerdo para condonar parte de la deuda de Cataluña se extrapolará al resto de comunidades autónomas con el «mismo criterio», en función de la «infrafinanciación» que soportaron cada una de ellas por la crisis financiera de 2008. Eso sí, también ha añadido que ese acuerdo no prejuzga que el porcentaje de deuda que se condonará a las demás regiones vaya a ser el 20% determinado para Cataluña.

Y luego está lo de Puigdemont. El acuerdo de los socialistas para lograr los siete escaños de Junts en la votación de este jueves incluye una petición de los independentistas y un compromiso del PSOE. Lo primero es una «modificación de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña».

Modificar la Lofca significa cambiar la financiación autonómica. Eso sí, lo que reclama Junts en realidad es un estatus que le sitúe fuera del grupo de 15 CCAA del régimen común –todas menos País Vasco y Navarra- para integrarse junto a estas dos en ese selecto grupo de autonomías que primero recaudan y luego abonan un cupo al Estado, y no al revés. ¿Puede cambiarse la ley de financiación sólo para eso? Vistas las cosas que se han podido ver los últimos meses, mejor no descartar ningún escenario.

¿Y el PSOE qué dice? En el acuerdo con el partido de Puigdemont, los socialistas dicen estar dispuestos a impulsar «medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña». Lo que se sobreentiende de ese circunloquio es reconocer un estatus a esa autonomía distinto al del resto –«diálogo singular»- y medidas para facilitar el acceso a los mercados, circunstancia imposible con una deuda como la de esa región, de más de 80.000 millones de euros. De modo que cabe concluir que el Gobierno de Sánchez actuará para resolver esa situación «singular». No es una garantía para el resto de autonomías, tampoco para la valenciana.

Y sin embargo, es la Comunitat Valenciana la que más necesita de esas medidas. 57.000 millones de euros de deuda y 3.800 millones de déficit en 2022 dibujan un escenario de infrafinanciación que los datos per cápita también ratifican. Diferencias de más de 600 euros por habitante con las regiones mejor financiadas prueban un maltrato que ha sido ignorado año tras año por los sucesivos Gobiernos centrales.

La Plataforma pel Finançament Just se ha movilizado para solicitar una condonación del 70% de la deuda autonómica –en el entorno de los 40.000 millones de euros-. El Consell que preside Carlos Mazón exige la reforma inmediata del modelo –lo hizo por carta la consellera Ruth Merino a la ministra María Jesús Montero-, así como un fondo transitorio y medidas para hacer frente al enorme nivel de deuda generado por la infrafinanciación.

El ministerio, dos meses después, no ha contestado a esa carta, en la misma senda del ninguneo a la Comunitat que ha seguido desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. Pero el acuerdo con ERC y Junts abre, como mínimo, un espacio para el debate.

Eso sí, ni que decir tiene que las sospechas de que las medidas que se tomen acaben beneficiando exclusivamente a Cataluña son más que razonables. Primero porque son esos votos los que necesita Sánchez para su investidura. Y segundo porque el regreso de las reglas fiscales devuelve a Bruselas su posición de vigilante de las cuentas nacionales. De manera que el Gobierno puede estar tentado de aprobar medidas que beneficien en exclusiva a una autonomía, con ese argumento manido de recuperar la normalidad y la convivencia en una región.

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha mostrado partidario de establecer algún tipo de condicionante en el nuevo sistema de financiación que penalice a las CCAA desleales con la Constitución.